Vislumbran en PJ jueces electos; piden gradualidad, respetar mérito…

Entre las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se posicionó la idea de que una reforma al Poder Judicial es necesaria y que la designación de juzgadores sea a través del voto popular, aunque al acudir ayer frente a la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados tienen la posibilidad de consumar una enmienda de ese tipo, plantearon que los cambios no se den de manera acelerada, que la transición entre quienes dejen sus cargos y quienes lleguen sea escalonada y que se salvaguarden independencia y carrera judicial.

Con excepción de la ministra Lenia Batres, los demás integrantes del alto tribunal advirtieron —en el primer foro de parlamento abierto para debatir la reforma— riesgos y coincidieron en que, si no habrá marcha atrás en la enmienda constitucional, entonces ésta no se procese de manera apresurada, sea gradual y no comprometa la preparación que se requiere para convertirse en juez, magistrado o ministro.

La presidenta de la Corte, Norma Piña, puso a disposición de los legisladores una “agenda propositiva” que el Poder que encabeza trabajó desde enero junto a fiscalías, policías, estudiantes, profesores y demás sectores de la población, en ánimo, dijo, de que entre todos los poderes colaboren para mejorar el sistema de seguridad y justicia, y poner a las víctimas al centro de las decisiones.

“La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial; lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma a éste implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver, de manera imparcial e independiente, los conflictos que surgen en una sociedad democrática… en la reforma judicial que nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad, las víctimas”, dijo.

Para Yasmín Esquivel, “el mandato de las urnas es claro; no podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social”, que sugirió atender con elecciones, pero progresivamente.

Al plantear un plan basado en siete ejes para que la elección por voto sea para todos los ministros y miembros del Tribunal de Disciplina, la ministra también abogó por la sustitución progresiva de jueces y magistrados; garantía de idoneidad y excelencia; respeto a los derechos laborales de todos; observancia a la paridad de género; jueces cercanos a la gente, y la justicia a todos por igual.

“La impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano; requerimos jueces por elección popular, sí; y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales van a juzgar. La elección progresiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada”, dijo.

Algo similar planteó Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien en defensa de los filtros y la carrera judicial como garantes de la independencia, apuntó que la reforma impacta en más de mil 600 cargos que, de ser removidos, se desajustaría el funcionamiento y atención a casos que siguen bajo análisis para personas que buscan justicia.

Por ello, el ministro sugirió que si se habrá de dar la reforma, al menos la sustitución de ese personal sea escalonada, de manera que permita la colaboración entre quienes llegaron por el sistema de carrera judicial y las que emanen de la elección, para así reducir las posibilidades de “afectación”.

ELECCIÓN POLITIZADA. Juan Luis Alcántara Carrancá, en su turno, consideró que la reforma no solucionará los problemas de justicia en el país y arriesga a la población, porque terminará por politizar los nombramientos que se hagan, por lo que sugirió que, en lugar de que el voto se emplee para sustituir, se utilice para decidir la permanencia de juzgadores en el cargo.

Con un enfoque en el impacto económico, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena recalcó que una reforma “mal hecha” desencadenará consecuencias y convertirá a la justicia en una “subasta de jueces y magistrados”, en donde habría incremento de costos que sólo beneficiará a quienes puedan sufragarlo.

Sugirió que la reforma debería incluir el mantener la profesionalización por medio de una escuela judicial autónoma; garantía de estabilidad; fortalecimiento de defensorías públicas y profesionalización de litigantes; revisión de poderes judiciales locales y fortalecimiento del arbitraje, ante el riesgo de que la reforma signifique costos.

En el mismo tenor se posicionó la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, al opinar que México enfrenta una “dura y añeja realidad”, en referencia a que la población confunde a las fiscalías, procuradurías, comisiones de derechos humanos y búsqueda, con el sistema judicial.

Las alternativas que puso sobre la mesa fueron fortalecer a los poderes judiciales en estados para que no sean más “cuotas” de partidos, para lo cual sugirió exámenes y fortalecimiento de la formación de sus integrantes por medio de la Escuela Judicial, la cual también se encargaría de certificar las escuelas de abogados para combatir los planteles “patito”.

En otro punto, retomó la propuesta de las clínicas de asesoría jurídica gratuita para que jóvenes abogados ayuden en zonas marginadas, en la búsqueda de solucionar y evitar problemas comunitarios. Recordó que esto fue propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que calificó como “lamentable” que no se hubiera empujado.

“Si pensamos con generosidad, surgen ideas creativas, útiles y realistas. Desde un enfoque desconfiado, egoísta, no surge nada verdaderamente valioso o transformador”, dijo.

Su compañero Alberto Pérez Dayán dijo estar de acuerdo con que las instituciones del Estado no han alcanzado el nivel de satisfacción que demanda la sociedad. Se expresó en contra de prohibir la suspensión de normas generales, como lo que ocurrió con la reforma a la Ley de Amparo, pues esto significará la violación irreversible a derechos humanos.

“No debemos dejar pasar la inmejorable oportunidad que representa, a esta nación, esta valiosa iniciativa, que sumemos la experiencia legislativa, judicial e impulsemos la voluntad del Ejecutivo, de modo que los tres poderes unidos como garantes refrenden el compromiso del Gobierno con su pueblo”, expuso.

La ministra Loretta Ortiz comentó que los estándares internacionales no establecen un modelo ideal y, al retomar indicadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que debe haber garantías para que los métodos de designación de juzgadores “no sean realizados ni percibidos como decisiones de carácter político”.

Luis María Aguilar compartió parte de su experiencia, al comenzar como mecanógrafo hasta haber llegado, por “méritos”, a ser titular de la Corte, por lo que mencionó que no está en contra de la elección, siempre y cuando se asegure su independencia.

Javier Laynez rechazó la elección y defendió la carrera judicial, respecto de la cual dijo dudar que, a 30 años de su instauración, sólo haya derivado en deficiencias, impunidad y corrupción. Señaló que en lo que el Poder Judicial ha sido incapaz es en comunicarse con la sociedad.

“El método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector; eso lo saben ustedes mejor que nadie, esa es la esencia; el cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometería la independencia y estará más propenso a la corrupción y conflicto de intereses”, advirtió.

VOCES DISCORDANTES. En una posición crítica al Poder Judicial, la ministra Lenia Batres presentó una propuesta complementaria para limitarlo a que respete la Constitución y para que no “reviva” normas que el Congreso ha abrogado; para limitar la invalidación de leyes y que esto sólo se dé cuando se actualice un contenido “realmente inconstitucional”; suprimir la asignación “arbitraria” de casos a ministros, y eliminar la “supremacía judicial”.

“Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, racista, clasista, misógina. En una palabra, es injusta”, exclamó, y recibió aplausos de los morenistas.

Al tomar la palabra, el exministro presidente Arturo Zaldívar se lanzó en contra del Poder que hasta hace poco más de un año encabezó, al señalar que en enero del 2023, fecha en la que se eligió a Norma Piña como titular, se tomó la decisión de: “destruyamos todo lo que se hizo”.

“Se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura; se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad. La escuela judicial volvió a ser del club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial, pero, sobre todo, se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha”, dijo.

También acusó al alto tribunal de intervenir en las elecciones de manera “descarada”, escudándose en el discurso de independencia judicial, pues aseguró que con eso evadió dar explicaciones por su actuar.

“Olvidaron que el pueblo no es tonto… Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: ‘no más injusticias, ya basta, queremos un Poder Judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y, fundamentalmente, más democrático’”, dijo.

En voz de los legisladores Ricardo Monreal e Ignacio Mier, Morena se dijo dispuesto a escuchar a representantes del espectro judicial, bajo la advertencia de que no habría marcha atrás a la elección como método de designación, porque ese fue el mandato de la ciudadanía en la elección.

Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, afirmó que el objetivo del diálogo es escuchar “para adecuar en textos, para mover comas y puntos” acerca de la forma en que se llevará a cabo la elección.

Al arranque del foro, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, dijo que el Poder Judicial “es el repositorio de las certezas para la República… siempre en búsqueda de la seguridad que la ley provee en forma de resoluciones judiciales”, por lo que recalcó que este debate deberá garantizar eso: la certeza, sobre todo en los derechos de trabajadores, para los inversionistas y la sociedad mexicana.

Los derechos de los trabajadores del Poder Judicialde la Federación (PJF) están a salvo con la reforma a este sector, y por el contrario serán beneficiados porque ya no habrá influyentismo, nepotismo, imposiciones ni corrupción, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras pedir que no se dejen engañar.

Después de que la ministra Norma Piña aludió a momentos de “incertidumbre” y ofreció defender a los trabajadores ante la eventual reforma, el mandatario dijo:

“Aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada que temer; al contrario, se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando; la reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo, de los jueces, de los magistrados y los ministros”, aseguró.

“Los derechos de los trabajadores están a salvo, entiendo que políticamente estén valiéndose de todo, y no deberían de hacerlo, por ética, pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados”, refrendó el mandatario.

Explicó que si en el Congreso se decide cancelar, como ya se hizo, los fideicomisos de 20 mil millones de pesos, todo lo que tiene que ver con prestaciones de los trabajadores se va a garantizar.

Agregó que la eliminación de dichos fideicomisos es porque alimentan, de manera ilegal, los privilegios de los ministros, de los trabajadores del más alto nivel en el Poder Judicial, con lo que violan la Constitución, que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

Al respecto, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma al PJF genere inestabilidad, como han advertido juzgadores, y planteó que los fideicomisos podrían usarse para la eventual elección de integrantes de ese poder.

Afirmó que el Poder Judicial también se “liberará” de problemáticas como la corrupción, el amiguismo y la liberación de delincuentes.

Remarcó que los trabajadores del Poder Judicial no tienen por qué tener temor “ni problema” con la reforma, pues se van a respetar todos los derechos laborales, subrayó. “E, inclusive, ellos mismos tienen oportunidad de participar en la elección de jueces, porque también ellos tienen experiencia”, indicó.

Sheinbaum Pardo respondió a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, al descartar que la reforma provoque inestabilidad en el sistema judicial del país, como lo advirtió la ministra el miércoles.

“De ninguna manera, de ninguna manera, no hay inestabilidad, al contrario; va a haber más estabilidad en el país. El pueblo de México se va a sentir representado y se va a fortalecer el Poder Judicial, se va a liberar de corrupción, se va a liberar de amiguismos y se va a liberar… de que no hay justicia en realidad, de delincuentes de cuello blanco, delincuentes del fuero común, de la delincuencia organizada, porque hay mucha corrupción y colusión”, aseveró.

El Presidente López Obrador opinó también que hay algunas situaciones que se deben revisar, las cuales están ocultas como el caso de los ministros retirados que tienen pensión.

“¿Cuánto reciben de pensión? porque me estaban diciendo que hay ministros que estuvieron, creo que tres meses, y se retiraron con pensión, pero con una pensión elevadísima y eso no se sabe. Es nada más solicitar formalmente, si nos pueden dar a conocer quiénes son todos los ministros en retiro que cobran pensiones”, solicitó.

López Obrador aprovechó para solicitar al Inai información de los ministros en retiro al Banco de México, Nacional Financiera, Banobras, Banco de Comercio Exterior, Pemex, CFE, el ISSSTE, el IMSS.

“Vamos a transparentar, ¿no les corresponde a ellos hacer ese trabajo, por qué no lo han hecho? Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas”, puntualizó.