Víctimas de violencia vicaria, las afectadas por paro laboral

Mujeres víctimas de violencia vicaria exigieron la reapertura de los Juzgados Familiares de la Ciudad de México, en Avenida Juárez, luego de que los trabajadores se sumaron al paro por la reforma al Poder Judicial (PJ). Las madres exigen un lugar donde puedan continuar sus trámites para proteger a sus menores hijos, y manifestaron que están en favor de esta reforma, pues muchos jueces resuelven sus casos sin perspectiva de género.

El abogado Raúl Castro afirmó que, aunque está con los trabajadores del PJ, el tema de “la poca claridad en información, las largas filas, las esperas en resoluciones y las atenciones a veces groseras en los juzgados no se pueden negar”. Incluso, mencionó que tuvo que regresar los honorarios a su clienta, ya que está imposibilitado para realizar algún trámite.

Recordó que al menos en la capital el problema de los juzgados ya era agudo, debido a que desde hace tiempo se habla de la extinción de 35 juzgados (24 civiles y 11 familiares) del Poder Judicial de la Ciudad de México, que encabeza Rafael Guerra Álvarez, lo que, según él, “adelgaza el cúmulo de impartición de justicia, y, de no retomar actividades, este sistema se desbordará en los próximos meses”.

Esta situación, advirtió, afecta directamente los derechos fundamentales de al menos 48 mil menores de edad, no sólo en la CDMX, pues refirió este mismo patrón se repite en Estado de México, Chihuahua, Morelos, Jalisco y Michoacán, donde hay alta demanda de madres que pretenden justicia para ellas y sus hijos.

Una de ellas, integrante de la asociación Unión de Madres Protectoras, conformada por víctimas de violencia vicaria que tratan de recuperar a sus hijos de padres agresores, y quien por seguridad prefirió no revelar su nombre, dijo a La Razón que son miles de madres que con escasos recursos, y a veces sin tener ni para sus pasajes, tienen procesos detenidos.

Además, denunciaron a varios jueces públicamente por resolver en su contra sin perspectiva de género.

“No están abiertos, siguen en paro indefinido y estamos buscando y exigiendo justicia. La justicia no puede detenerse, definitivamente no puede detenerse. Entendemos a esos trabajadores, pero al menos ellos siguen cobrando, nosotras no. Muchas apenas si tenemos para el día, y venir a perderlo aquí es lamentable. Las injusticias no se detienen por el hecho de que los trabajadores de los Juzgados Familiares estén en paro”, denunció.

La ONG dijo que, como ejemplo de la corrupción, tienen pruebas de que la juez Primera Familiar de Proceso Escrito, Ericka Correa, “protege a los deudores alimentarios por encima de los derechos de los niños, goza de influyentismo e, incluso, fue acusada por empleados del juzgado por obstruir la justicia y dar malos tratos”.

“Sentimos mucho como madres la situación del resto de trabajadores de este poder que son ejemplares, pero hay muchos otros, jueces vendidos con los hombres.Estamos preocupadas de que no regresen pronto a sus actividades”, señaló la activista Magenta Magallanes.