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USAID logra bajar 69% delitos en 7 municipios

De agosto de 2020 a abril de 2024, la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional implementó el Programa de Prevención y Reducción de Violencia (PREVI)
  • Por Redacción

El Programa de Prevención y Reducción de Violencia (PREVI) implementado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Institucional (USAID) logró disminuir de seis hasta 69 por ciento la incidencia delictiva en siete ciudades del país, durante los últimos cuatro años.

Jene Thomas, director de USAID en México, destacó que además de reducir los delitos como robo de vehículos, a negocios y transeúntes, se brindó atención a más de 19 mil jóvenes en trabajo comunitario, disminuyendo su riesgo a delinquir y reincidir en el futuro.

“(Hubo) reducción de la criminalidad entre seis y 69 por ciento en siete ciudades del país en delitos como robo de vehículos, a negocios y transeúntes (…) De esta manera, el programa logró reducir el delito, prevenir el escalamiento de violencia y forjar alianzas sólidas entre los actores locales”, afirmó.

Las ciudades donde se logró dicha disminución son Morelia, Michoacán; Saltillo, Coahuila; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo; y la capital San Luis Potosí.

Durante la presentación de los resultados del programa de USAID, Thomas indicó que este consistió en la atención a personas jóvenes en situación de riesgo, fortalecimiento de las capacidades y reforzamiento del trabajo policial, con el objetivo de atender las causas de la violencia mediante un modelo de justicia cívica.

Refirió que el PREVI se aplicó durante los últimos cuatro años en 32 municipios de 12 entidades como Ensenada, Hermosillo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Apodaca, General Escobedo, La Paz, Querétaro, Guadalajara, Colima, San Luis Potosí y Morelia.

“Creemos firmemente que la prevención es el mejor camino para evitar el escalamiento de la violencia y así crear comunidades más resilientes y seguras. La prevención implica un mejor costo-beneficio en la utilización de los recursos públicos para la atención de la criminalidad”, añadió.

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