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Trabajadores del PJF definen hoy con voto si van o no a paro nacional

Jufed dice que decisión responde a que el Gobierno no atiende llamados sobre reforma judicial; sindicato denuncia amenazas para obligar a empleados a sumarse a suspensión de labores
  • Por Redacción

Entre rechazo al dictamen de la reforma judicial y señalamientos de presión, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) votan este lunes para definir si van o no a un paro nacional indefinido.

Jueces y magistrados resolverán hoy mismo respecto al paro, que, de proceder, estallaría el primer minuto del miércoles 21 de agosto.

A decir de la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes, “el Gobierno no está escuchando las llamadas nacionales e internacionales (sobre la reforma judicial)”, y por ello esta votación, donde participarán mil 600 juzgadores para determinar si podrían ir al paro, en tanto que el sindicato de PJF denunció presiones a los trabajadores para sumarse a este paro.

La Jufed, encabezada por la jueza Fuentes, convocó a sus integrantes a decidir, en votación electrónica, el futuro inmediato de las labores en el Poder Judicial.

“La votación inicia este lunes, como se señaló en la convocatoria, y concluirá el mismo lunes por la noche. Si se realiza la suspensión temporal de las actividades jurisdiccionales derivada de la iniciativa de reforma judicial presentada por el Poder Ejecutivo, misma que será discutida por el Poder Legislativo, el paro está propuesto para las 00:00 horas del próximo miércoles”, aseguró a La Razón.

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), por su parte, señaló que secretarios seccionales y miembros del Comité Ejecutivo Nacional han recibido llamadas o mensajes, y que algunos juzgadores los han amenazado para que se solidaricen con la suspensión de labores que se proyecta.

El dirigente del sindicato, Jesús Gilberto González Pimentel, informó a este diario que previamente se había acordado que en la sesión extraordinaria que tuvieron se insistió en que hasta que se conozca el contenido del dictamen que emita la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en pleno, y que se corrobore que se encuentran intocados los derechos laborales y prestaciones, se decidirán las medidas a tomar.

“Debido a las llamadas o mensajes que durante este fin de semana han recibido algunos trabajadores adheridos a este sindicato, que han sido registrados día a día por secretarios seccionales y varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional, se informó de la presión y hasta amenazas por algunas personas juzgadoras del país y de personal de confianza, para que se solidaricen con la suspensión de labores”, señaló.

Asimismo, el líder sindical hizo un llamado a denunciar estos actos ante las instancias internas del Poder Judicial, y aclaró que se acordó documentarlos para emprender acciones legales.

Por separado, la directora de la Jufed dijo: “Nos asiste un derecho laboral; aquí estamos hablando de jueces y magistrados que de manera ordenada van a votar ir o no a un paro; los asociados, jueces y magistrados, fueron quienes pidieron someter a votación la definición de un posible paro ante un posible atentado a la independencia judicial. La votación será electrónica, no hay motivo para la desconfianza, y se cerrará por la noche, cuando informemos si se va o no a paro y de qué forma sería”, aseguró.

La convocatoria se lanzó el día viernes y la votación será efectiva desde las 9 de la mañana hasta las ocho de la noche; “es el horario en que podrán votar los jueces; si así lo deciden los agremiados, se hará una suspensión de labores en el país. (El senador Ricardo) Monreal incluso dijo que habría sanciones y no tenemos miedo, la democracia es para todos”, concluyó.

El impacto de un posible paro de jueces y magistrados federales se vaticina como una “catástrofe”, en palabras del líder del sindicato, quien señaló que el Poder Judicial tiene a su cargo más de un millón de procesos judiciales, en promedio, según datos oficiales de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Federal del Inegi.

El censo más reciente, publicado en octubre del 2023, muestra que los asuntos en poder de los jueces y tribunales ascendían eran un millón 256 mil 77, distribuidos en cinco materias que conocen los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación: laboral, civil, administrativo, mercantil y penal. Y de acuerdo con fuentes judiciales, el promedio en 2024 es “bastante similar”.

De acuerdo con el censo de Inegi, los juzgados de Distrito, quienes en un caso son la primera instancia en donde se consigna un caso, iniciaron en el último año analizado 228 mil 238 procesos en materia administrativa, que equivalen al 32.1 por ciento del total de los casos; por ello, se señala que es la mayor proporción de todas las materias evaluadas con los juzgadores.

La asociación Unid@s convocó a la ciudadanía a la marcha que se realizará del Ángel de la Independencia al Senado de la República, el 8 de septiembre, en contra de las reformas al Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos, eliminación de plurinominales, pasar la Guardia Nacional a la Defensa y las modificaciones a la prisión preventiva oficiosa.

Los organizadores que integran la denominada Marea Rosa exigirán también a los legisladores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votar en favor de la democracia y en contra del autoritarismo.

Destacaron que no se debe permitir el sometimiento del Poder Judicial a través de la politización de la elección de jueces, y sí a uno independiente que brinde justicia real para todos.

Externaron su rechazo a la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), y se pronunciaron a favor de un árbitro electoral autónomo e imparcial que haga valer los votos de los mexicanos.

Cuestionaron la intención del Presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar organismos como el Inai, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Ifetel y el Coneval, entre otros.

“Sí a organismos autónomos que aseguren datos reales y transparencia para evitar la corrupción, así como competencia económica para tener tarifas bajas de luz y telecomunicaciones”, subrayaron en la convocatoria.

Con información de Sergio Ramírez

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