Se triplica violencia político-electoral y aún no inician campañas

Aun sin el inicio formal de las campañas electorales, la violencia político-electoral se ha recrudecido y ha alcanzado un incremento del 207 por ciento (el triple) en comparación con el proceso electoral presidencial pasado.

Durante el año 2018 el conteo de asesinatos, atentados y otros delitos llegó a 171 en contra de candidatos, precandidatos, militantes de partidos y autoridades de Gobierno, pero para el 2023, año previo a la jornada electoral, la cifra ascendió a 529, de acuerdo con el proyecto Data Cívica.

Y aunque en la base de datos aún no se refleja, para este 2024 ya se tuvo cuenta de tres homicidios contra aspirantes a un cargo de elección y que fueron cometidos en menos de 24 horas entre el 4 y 5 de enero: el del panista Giovanni Lezama, en Morelos; el del emecista Sergio Hueso, en Colima, y el caso de David Rey, quien buscaba abanderar al PAN, PRI y PRD por un cargo local en Chiapas, a lo que se suma el asesinato el 21 de diciembre del morenista Ricardo Taja, que buscaba la alcaldía de Acapulco por Morena.

Aunque esto no ubica al presente año como el de inicio más violento en el sexenio, sí lo posiciona en el segundo lugar detrás del arranque del 2023, cuando hasta el 5 de enero ya se habían perpetrado cinco ataques armados, de los cuales tres derivaron en asesinatos.

El contexto hizo que en marzo del 2021 la Secretaría de Seguridad Pública elaborara la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral” para frenar la intervención de grupos criminales, por medio de la coordinación con los tres niveles de Gobierno en el país, sobre todo en las zonas más vulnerables.

En las acciones más recientes, el Gobierno federal presentó algunas medidas de protección para las que hasta ahora son las dos precandidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a quienes se brindó acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional para blindarlas en sus recorridos por el país.

Desde el Poder Legislativo, este tema ha sido motivo de debates, discusiones y descalificaciones entre los partidos, pero de casi nula acción por emprender soluciones desde este frente.

Hasta ahora sólo se ha presentado un proyecto de iniciativa para engrosar la legislación ante la intervención del crimen organizado, propuesto por el priista Rubén Moreira.

Entre los cambios que plantea se propone anular las elecciones cuando se confirme la participación de la delincuencia organizada y también para adicionar al Código Penal Federal los delitos relacionados con esto y los homicidios cometidos por organizaciones delictivas, de manera que sean imprescriptibles; sin embargo, el proyecto permanece varado.

Incluso, esto ha llevado a que los propios partidos busquen intervenir. En diciembre del año pasado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó un proyecto para intentar identificar los puntos rojos en donde el crimen organizado se ha hecho presente para el proceso electoral que culminará este 2 de junio, el día en que se celebrarán las elecciones más grandes del país.

Para Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral, este problema deriva de una falta de esfuerzos por parte de las autoridades para frenar la intervención criminal en los comicios.

Explicó que a partir del 7 de septiembre, cuando se declaró el inicio del proceso electoral en curso, la organización comenzó a documentar diferentes tipos de violencia vinculados a esta materia, con lo que el registro hasta ahora ya llegó a 80 casos de personas violentadas, entre los cuales hay cuatro registros que involucran a familiares de aspirantes a una candidatura.

Expuso que, de manera preliminar, se comienza a identificar que algunas zonas que registraron violencia en el 2018 lo vuelven a registrar dentro del actual proceso, como Guerrero, donde los casos entre ambos periodos han pasado de 13 a 24, y Chiapas, que pasó de dos a seis.

También mencionó que en Nuevo León los registros pasaron de cero a siete actualmente, y en Baja California, de uno a cinco.

Descartó que esto tenga origen en la organización social y política que caracteriza a algunas de las comunidades pertenecientes a estas entidades, las cuales resultan ser los grupos vulnerados por estos hechos, sino que el factor principal es la violencia generalizada, preponderantemente en zonas importantes para el narcotráfico.

“Vale la pena destacar que no es la primera vez que esta problemática se registra en México. El tipo de violencia que más se presenta es hacia precandidatos, como aspirantes, y es una forma de frenar e interferir de alguna forma algunos actores para no perder ciertos privilegios, mantener el control de la zona e, incluso, lograr que se cancelen las elecciones en ese lugar”, consideró la especialista.

Aunado a esto, mencionó que la falta de cultura política, la carencia de la promoción de la denuncia, un vacío legislativo sobre la violencia electoral y los conflictos que ahora mismo se viven en el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), abonan a esta situación.

“El debate político ha bajado mucho en la arena pública, no se están discutiendo propuestas, sino que se hacen ataques personales y se cae en la discriminación… Y con las autoridades no ayuda que se vea esta división, lucha de egos. Se deben presentar como instituciones firmes que no se dejen llevar por egos. Pero a pesar del contexto en el que se encuentran, han tratado de estar a la altura de lo que implica una elección federal. Las instituciones gubernamentales necesitan tomar más en serio el fenómeno de violencia electoral, no es nuevo y ha ido escalando, y es para que ya se hubieran tomado medidas que no se han tomado para identificarlo, entenderlo y atacarlo”, dijo.