Se expande la violencia político-electoral hacia familias y colaboradores

Un día de abril del 2021, Sixto Arpide, de apenas 20 años, subió a su su vehículo y recorrió calles del Estado de México, pero en el camino varias balas lo alcanzaron mientras el vehículo se encontraba en movimiento. Así perdió la vida quien fue hijo del entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Teotihuacán, José Huerta Arpide.

El joven se convirtió en una de las 125 víctimas colaterales de la violencia político-electoral documentada del 2018 al 2023, la cual ha tenido un efecto expansivo más allá de los candidatos, funcionarios y autoridades, para trastocar la vida de quienes los rodean.

En dicho periodo, las agresiones perpetradas contra familiares y colaboradores de candidatos y servidores públicos aumentó 113.3 por ciento, al pasar de 15 casos en el último año de elecciones presidenciales —el 2018—, a 32 en el 2023, según el proyecto Votar entre balas, de Data Cívica.

Los ataques se han concentrado contra los hijos de aspirantes a cargos públicos, alcaldes, regidores, legisladores y hasta fiscales, pues de los 125 identificados en estos años, 30 fueron en perjuicio de los descendientes de las figuras políticas.

Enseguida, los más afectados han sido hermanos, con 28 casos; esposos, con 19, y colaboradores, 14.

En cuanto a los delitos que observó el proyecto, 94 de los 125 casos fueron asesinatos; el segundo más cometido contra familiares colaboradores fue el ataque armado, con 16, y el secuestro, con nueve.

Para Gabriela Villafuerte, exmagistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los periodos electorales traen como “ingrediente natural” la confrontación y la lucha de poder, en donde la violencia sube de tono por la necesidad de ciertos grupos de conservar el poder en determinados territorios.

“El crimen organizado abarca realmente muchísimos de los espacios sociales, no es algo que estemos descubriendo. Las células delictivas van generando presiones. Además, no podemos dejar de lado que hay necesidades económicas de subsistencia y esas mismas necesidades hacen que la gente se convierta en presa fácil para todo ello y así siempre esté aparejado con la violencia. El país es un reflejo de lo que se está viviendo en el mundo ”, dijo a La Razón.

Desde los partidos políticos se han hecho múltiples llamados para que las autoridades frenen los ataques que amenazan la contienda electoral, llegando incluso a pedir que las instancias de tipo electoral, como el TEPJF o el Instituto Nacional Electoral (INE) asuman un rol en el tema.

Para Villafuerte Coello, este combate es una tarea multidisciplinaria, pero delimitada para cada uno de los actores, donde a instancias como el tribunal o el instituto corresponde la organización, conducción y atención del proceso electoral.

Refirió que este clima de incertidumbre ha terminado por impactar la participación ciudadana en los comicios, pues además de la falta de autoridades y actores políticos para llamar la atención de la gente, poco se ha volteado a ver que esto también depende de otras situaciones, como la preocupación por conseguir un ingreso para subsistir.

“Necesitamos cambiar nuestros patrones, porque nuestros patrones, hasta ahora, quizá han sido poco claros, a veces tóxicos, con una comunicación muchas veces cargada de agresión, de abuso, de discriminación y de falta de empatía y entendimiento”, concluyó.

Pese a que en el Instituto Nacional Electoral (INE) no son ajenos sobre las situaciones de inseguridad que se viven en varios estados del país, que afectan a políticos y ciudadanos, la consejera Carla Humphrey consideró que no se debe permitir que esta situación adversa arrebate a la población la “fiesta ciudadana” que representa la jornada electoral que se realizará el próximo 2 de junio.

Así como lo ha precisado el órgano electoral en varias ocasiones, subrayó que el instituto no es responsable de la seguridad en los comicios, cuya violencia en el sexenio también ha afectado a los políticos, como lo destacó La Razón en su edición de este miércoles.

Sin embargo, apuntó que, específicamente para la organización de los comicios federales y locales de este año, el INE se ha coordinado con las autoridades de todos los niveles, por lo que participan instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad y la realización de los comicios.

“En el país hay distintas condiciones de seguridad en diversas entidades federativas, ésas no son competencia de la autoridad electoral; sin embargo, en cada entidad se instalan mesas de seguridad con las autoridades estatales para ir monitoreando cuáles son las zonas que pueden resultar más conflictivas”, indicó.

Recordó que, históricamente, en los procesos electorales el INE ha instalado 99.7 por ciento de las casillas, con independencia de este tipo de situaciones de violencia.

La consejera electoral consideró que, pese a la situación de inseguridad, los ciudadanos no deben permitir que la violencia les arrebate su derecho a participar en la jornada electoral.

“Los ciudadanos tenemos que seguir defendiendo nuestras elecciones como el mecanismo para hacer transiciones de diversos cargos al poder público; no hay que mezclar las condiciones que desafortunadamente hay de inseguridad en el país con el proceso electoral, porque entonces la ciudadanía se siente insegura y quizá no querrá asistir a emitir su voto”, indicó.

Carla Humphrey comentó que la violencia que sí le corresponde revisar al INE es la relacionada con la violencia política de género, por la que incluso pueden negar el registro de candidatos.

Las agresiones políticas que han arreciado contra Morena en el actual sexenio son algo “natural” pero, de cualquier forma, una situación condenable y que denota la falta de un cambio en la estrategia de seguridad que garantice no sólo la paz para las familias, sino también una elección libre este año, consideraron legisladores de oposición consultados por La Razón.

“A mi me parece natural que se concentre (la violencia) contra Morena, es quien representa a la coalición mayoritaria. En el otro caso (la oposición) te diría que es como mucho más repartido”, aseguró el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera.

Añadió que los ataques van dirigidos principalmente a personaliades, pero “va de todo un poco, pero lo que sería deseable es que no pase de ahí. Entendemos perfectamente la lucha política, lo que pueden ser declaraciones, motivación política en las mismas, pero que no llegue a la sangre, como ha sido en muchos de los casos”.

El emecista Noé Castañón dijo que ante este “periodo complejo” por las elecciones en curso, “cualquier tipo de violencia, sea quien sea el receptor, es condenable”, más aún cuando se presenta en medio de los comicios.

Al respecto, Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena, señaló que se ha insistido en que haya mayores medidas de seguridad.

“Estoy particularmente preocupado por lo que ocurre en mi estado, Jalisco. Hay una mesa de seguridad instalada, pero no ha tenido ningún avance”, declaró el legislador.

A su vez, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que a medida que van pasando las semanas, el proceso electoral de junio próximo se vuelve cada vez más violento, por lo que advirtió que, de no proteger a candidatos o candidatas, habrá consecuencias negativas.

“Pienso que el proceso electoral de junio puede ser muy violento, si desde hoy no se toman las medidas adecuadas. Desgraciadamente hemos visto escenarios muy negativos al inicio del proceso, que nos dicen que puede ser muy violento. No sólo la oposición ha tenido agresiones, también Morena ha sufrido de la violencia”, expuso.

Aseveró que son los tres niveles de gobierno, los que deben proteger a los candidatos una vez arranquen las campañas: “No es el INE, sino las autoridades municipales, estatales y federales las que deben proteger a los candidatos, antes de que haya más violencia el Gobierno federal debe dar todas las facilidades”.