Reforma judicial divide a personal de ese poder

A pesar de que desde la misma presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la ministra Norma Piña, se ha llamado a mantener la unidad dentro del Poder Judicial (PJ), varias voces que están dentro afirman que están divididos en partes iguales los bloques tanto a favor como en contra de la enmienda.

De acuerdo con un estándar internacional establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero en México tenemos sólo 4.4 por cada 100 mil habitantes, dijo un juez en materia familiar a La Razón, quien prefirió no revelar su nombre “para evitar grillas”. Dijo que él en silencio, como otros de sus compañeros, está a favor de la reforma al PJ propuesta por el Ejecutivo.

“Desde hace años hemos tratado de ponernos de acuerdo para una reorganización. Siempre las cúpulas siguen diciendo que el siguiente año y el siguiente año, esto en tema de convocatorias. Creo que ocurre lo mismo que pasó en el sistema de salud: no contrataban médicos y ahora, con esta nueva administración, lo hacen. Hace falta personal, hay rezago que recae en las personas juzgadoras”, dijo el juez, quien labora en los tribunales de lo familiar en la Ciudad de México.

A pesar de que el juzgador dice que esto traerá consecuencias, es mejor enfrentarlas que seguir manteniendo “algún tipo de cáncer al interior del Poder Judicial”.

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia, realizado por el Inegi en el 2023, hay 53 mil 160 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). De este total, sólo el siete por ciento corresponde a la SCJN; el 3.4 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que el restante 89.6 por ciento está adscrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El juez sostuvo que cualquier intento de reforma judicial debe considerar los posibles impactos en la operación cotidiana de los órganos jurisdiccionales, pues una modificación que no sea debidamente planeada podría agravar los miles de casos que están sujetos a la jurisdicción de las personas juzgadoras del país; sin embargo, expresó estar de acuerdo con que el proceso se dé de manera gradual y dijo que al menos el 46 por ciento de los trabajadores de todo el PJ, que conforman más de 53 mil, apoyan “de una manera u otra la reforma”.

“Hay varios métodos para la selección de jueces y magistrados, pero muy pocos países eligen a sus jueces a través de la votación popular; algunos lugares en Estados Unidos, en Suiza y Japón lo hacen. Es falso que en ningún lugar del mundo se haga. Sí se puede, pero hay que revisar de qué manera”, expuso el juzgador.

Verónica Amador,  trabajadora administrativa del PJ desde hace 15 años, dijo que estuvo presente en una reunión con la ministra Lenia Batres y que, aunque hay mucha polémica en torno a esta reforma, “sí han estado dando información”.

“Uno, como trabajador, debe tener iniciativa de investigar, pero no sólo el rumor. Yo asistí a la plática que dio la ministra y sí hubo agresiones contra ella, verbales; decían que eran trabajadores, pero la verdad no ubiqué a nadie y, aunque la plática era por parte de Morena, explicaron bien cuándo y cómo sería la reforma”, dijo.

La asamblea pública que menciona la entrevistada fue organizada por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y contó con la participación del diputado federal Hamlet García Almager y el maestro en Derecho Federico Alcalá.

En contraparte, el magistrado de Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, consideró que en este nuevo esquema de designación, el cual es el centro de la reforma, sobre la elección popular de jueces y juezas, es vital hacer referencia que el Estado mexicano ha invertido una fuerte cantidad de recursos en la formación y preparación de los servidores públicos que hoy prestan el servicio público de administración de justicia.

Además, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aclaró que no están en contra de la austeridad, sino que los presupuestos deben estar diseñados para que haya operatividad. Comentó que, por falta de recursos, no hay sustitución para permisos de maternidad o licencias médicas.

Preguntó qué pasaría si se pagaran las horas extra devengadas o en qué parte de la ley señala que a los secretarios o actuarios no se les debe pagar el tiempo adicional: “Muchas veces el actuario debe ocupar su propio vehículo y pagar su gasolina. Es mentira que existan grupos al interior. Opiniones sí hay muchas, pero es un poder unido”.