- Por Redacción
Importante decisión tendrán los ministros de la Corte en el momento en que definan el futuro de la prisión preventiva oficiosa, pues deberán ponderar si atienden los lineamientos actuales o acatan la petición de la Organización de las Naciones Unidas a través de sus organismos de derechos humanos, de suprimir esta figura por atentar contra las garantías individuales de las personas. Ahora fueron los fiscales estatales y el general los que alzaron la voz para demandar que se preserve esa figura jurídica, establecida en la Constitución, pues de lo contrario 60 mil personas sujetas a procesos por varios delitos graves, como feminicidio, homicidio, secuestro y delincuencia organizada, podrían obtener su libertad procesal y con ello poner en riesgo a quienes han denunciado, testificado o dado cauce legal a denuncias. Antes se pronunciaron en un sentido parecido todos los gobernadores de los estados. Así que la cosa no es menor. Pendientes.
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