Pegan cambios en Comisión a investigaciones de desaparecidos; lanzan alertas

El despido, dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de varios expertos que formaban parte de diversas unidades internas, dejó aproximadamente en el aire cerca de 350 carpetas de investigación tan sólo en el equipo de la Dirección General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de la Información.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Razón, estas carpetas corresponden a reportes de personas desaparecidas y no localizadas entre la década de 1990 y años recientes.

Cada uno de los casos ha sido armado paulatinamente con un trabajo profesional y cuidadoso, que incluye recopilación de datos y la compilación de opiniones técnicas y científicas, para determinar si procede alguna búsqueda en campo.

La labor incluye también sostener reuniones con familiares de las víctimas y dar seguimiento a las búsquedas que solicitan los colectivos en determinadas regiones del país.

Una de los expertas que fueron despedidas comentó a este medio que toda esta labor ya no se podrá hacer, debido al desmantelamiento de los equipos que estaban dedicados con los despidos de los últimos días.

Yolanda -nombre ficticio para proteger su identidad- comentó que dentro de su área había seis personas y ahora sólo quedan dos, las cuales deben sacar a flote esas 350 carpetas que están pendientes.

“No va a haber forma humana para sacar todo el trabajo que seis personas en un año no logramos hacer, o sea, simplemente no habrá forma de que dos personas saquen la búsqueda de más de 300 carpetas de investigación que se tienen ahí”, declaró.

Respecto a la forma en que se dieron los despidos, mencionó que las autoridades les informaron que el 31 de diciembre terminaba su contrato y decidieron dejar sólo a algunos que, según ellos, sí cumplían con el perfil requerido, pero a quienes se quedaron no les han renovado su contrato.

“A partir del 31 de diciembre se vencieron los contratos y decidieron no renovarlos. Solamente empezaron a seleccionar personas que para ellos no cumplían con el perfil que estaban buscando y les dijeron que ya no iban a seguir. Incluso, hay personas que hasta la fecha o 10 días después de enero las hicieron laborar y después les dijeron que no iban a seguir con sus contratos”, contó a este medio.

Aunado a esto, compartió que han sido decenas las personas las que han sido despedidas durante las últimas semanas, y entre éstas hay cinco empleados que eran clave en la búsqueda de personas y fueron cesadas apenas esta semana.

“Por lo pronto, están interrumpidas las labores, no le han renovado contrato a nadie en la Comisión, por lo cual no han podido realizar labores de la forma en la que se debe. Las personas de campo no pueden realizar la salida hacia el campo porque no cuentan con cuestiones administrativas, para sus viáticos. Y como tal, muchos ahorita no son servidores públicos legalmente, y entonces no pueden hacer revisiones de carpetas”, explicó.

Por el momento, aunque Yolanda no descartó recurrir a acciones legales por la situación en que se dio su salida, estudia las opciones que aún tiene a su alcance con el área de Recursos Humanos de la CNB, a cuyos nuevos integrantes pidió recordar que sus responsabilidades van más allá de cumplir con un empleo, pues deben dar acompañamiento a las familias.

“Que recuerden que no están trabajando para ellos, no están trabajando para un Gobierno, están trabajando para las familias de desaparecidos, para los colectivos, para los que están buscando a sus personas, que probablemente para ellos simplemente es un trabajo, pero para todos los demás es un esfuerzo que llevan haciendo muchísimo tiempo y es una carga muy pesada”, concluyó.

Ante las demandas y exigencias de colectivos y organizaciones de la sociedad civil para evitar un desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que dicho organismo no desparece, sino que atraviesa por un proceso de reestructura administrativa y se fortalecerá en sus procesos de trabajo, para servir mejor a las familias de personas desaparecidas.

“En relación con el actual proceso de reestructura de plazas eventuales, se informa que éstas deben ajustarse a una sola anualidad y de acuerdo con las autorizaciones presupuestales de la Secretaría de Hacienda.

“Ningún proceso o tarea de la propia CNB ni de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH) se detiene ni se verá coartado por reducciones presupuestales, de recursos ni recortes de personal.

“Como ya se dijo: la CNB no se desmantela y atraviesa por un proceso de reestructura administrativa en aras de mejorar la búsqueda de personas desaparecidas, por lo que ningún avance alcanzado está en riesgo”, detalló en un posicionamiento.

El organismo dependiende la Secretaría de Gobernación añadió que seguirá atendiendo a todas las personas, familias, grupos, colectivos y plataformas en las instalaciones de la propia comisión, además de otros espacios de reunión acordado: “Esta tarea es irrenunciable y la seguiremos haciendo todos los días”.

“A diferencia de la información incompleta o sesgada que ha circulado en redes sociales, continúa la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada durante la guerra sucia”, dijo.

Abel Barrera Hernández, quien es uno de los cuatro comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos en México de 1965 a 1990, afirmó que el desmantelamiento de esta área y de la Comisión Nacional de Búsqueda en general es preocupante, porque puede generar un retroceso en el trabajo que se ha hecho para encontrar la verdad.

En entrevista con La Razón, Barrera Hernández señaló: “Es preocupante, porque se había conseguido darle mucha consistencia al trabajo, sobre todo en el tema de las investigaciones, las búsquedas, así como la vinculación con los colectivos y los sobrevivientes”.

A pregunta de si se corre el riesgo de enterrar la verdad con estos despidos, el también activista respondió: “Se corre el riesgo, ya que se debe fortalecer la búsqueda, pero si no se hace con más personal, equipo y presencias en terreno o trabajos de investigación, sí se puede estancar; sobre todo hay un riesgo de que no se cubran las expectativas de los colectivos o familiares”.

El comisionado consideró que más que desmantelar a la Comisión Nacional de Búsqueda es necesario reforzarla, ya que ha despertado muchas expectativas para la localización de familiares desaparecidos, por ello, “los que se quedaron han planteado que se pueda resolver este vacío que se deja y que no se descuide lo que ya se ha hecho, para que no haya retroceso y sí un impulso en las búsquedas y a llegar a la verdad de diferentes casos”.

El también fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicó que se requiere de cierta experiencia en estos temas y de un conocimiento especializado.

Añadió que dejar a unas cuantas personas como encargadas de las investigaciones de crímenes graves “es un asunto que preocupa, por ello, esperamos que se pueda reparar esta falla, porque desconocemos los motivos y vemos muy urgente que se pueda contar con personas expertas que lleguen a ayudar”.

Sobre la inconformidad de los colectivos por la poca experiencia que tiene la nueva titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, detalló que un punto de referencia que se debe tomar en cuenta por parte de las autoridades: “Si algo exigen se debe valorar su cuestionamiento, ya que hablan desde su lucha, su sentir, su testimonio y su experiencia”.

En poco más de dos años de creación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos en México durante 1965 a 1990, se tiene como resultado la exhumación de los restos humanos de siete personas víctimas de la Guerra Sucia en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, así como el descubrimiento de una fosa clandestina en el Panteón Dolores de la Ciudad de México.

De acuerdo con la apreciación del actual Gobierno, en el pasado el Estado desplegó una violencia contrainsurgente que estigmatizó la protesta social y que incluyó detenciones arbitrarias, prisión política, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y masacres.

Por ello, promovió la revisión de casos como las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971 y la represión de luchas por tierras y movimientos estudiantiles, entre otros fenómenos.

El Mecanismo fue creado el 6 de octubre del 2021 para que realizara investigación relacionada con violaciones graves de derechos humanos entre 1965 y 1990.

La Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a reforzar la institucionalidad encargada de la búsqueda y la investigación penal de las personas desaparecidas, así como expedir y consolidar las herramientas, registros y bases de datos indispensables para una implementación efectiva, asegurando en todo momento la participación de las víctimas.

Lo anterior en el marco del sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En un posicionamiento detalló que, sin una institucionalidad robusta, la carga continuará recayendo indebidamente en las familias y algunos de los avances podrían revertirse.

“La ausencia o la falta de operación íntegra de dichos instrumentos establecidos en la Ley General ha socavado la viabilidad de localizar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables del delito”, detalla la misiva.

En tanto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) señaló que el país se encuentra en un momento crítico, debido a que el Gobierno federal se encuentra desmantelando las estructuras creadas para enfrentar esta crisis, “una crisis que sigue desgarrando el tejido social, creando incertidumbre, temores de retrocesos y una sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición de este país”.

De esta manera, criticó el censo carente de transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad; la significativa reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda; así como la escasa disposición política para entablar diálogo con las familias de personas desaparecidas.

“Ante los recientes cambios en el Sistema Nacional de Búsqueda, observamos con profunda preocupación y decepción los intentos del Gobierno de regresar a debates ya superados, lo que resulta en una revictimización”, destacó en un posicionamiento.