México cae en el índice de lucha contra cohecho

México cayó de posición en un índice sobre la capacidad para combatir la corrupción que se presentó ayer y que indica que los intentos del Gobierno mexicano de interferir en asuntos legislativos y judiciales han mermado la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y que clasifica a 15 países de América Latina según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción, reveló que México siguió en su trayectoria descendente desde 2019 y este año cayó del puesto 11 al 12, tan sólo por delante de Guatemala, Bolivia y Venezuela.

El reporte aseguró que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado al Poder Judicial y a instituciones públicas independientes como el Instituto Nacional Electoral (INE). También destacó que el mandatario ha declarado que planea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, “lo cual afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”.

El reporte destacó que en México las fuerzas armadas, que no están sujetas al mismo escrutinio que los organismos civiles, “participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura”. También aseguró que en el último año López Obrador escaló sus críticas hacia organizaciones de la sociedad civil y la prensa en medio de revelaciones de supuestos conflictos de intereses y corrupción que involucran a familiares suyos.

Por otro lado, el Congreso mexicano debatirá una propuesta presidencial para poner a la Secretaría de la Función Pública (SFP), una institución clave en la lucha contra la corrupción, a cargo de las contrataciones públicas y la supervisión de gasto público. Esto tendría consecuencias negativas, de acuerdo con el informe, “ya que la SFP se auditaría a sí misma en lugar de que los organismos autónomos supervisen el gasto público”.

Tras Uruguay y Costa Rica en los puestos más altos del índice están Chile, Perú, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia y Ecuador.