La adquisición de herramientas de espionaje digital no tiene cabida en nuestro orden constitucional, asegura Yasmín Esquivel

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar la versión pública de diversos documentos relacionados con la contratación del software Pegasus.

Al pronunciarse sobre el asunto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que la adquisición encubierta de tecnologías digitales para intervenir ilegalmente comunicaciones privadas pone en riesgo el derecho humano a la privacidad, por lo que dichas herramientas de espionaje no tienen cabida en el orden constitucional mexicano.

Esquivel Mossa señaló que es fundamental que se investigue a profundidad toda la arquitectura financiera utilizada para la compra del programa Pegasus en el 2014, a fin de esclarecer quiénes ordenaron y participaron en la adquisición, y más aún, cómo ha sido utilizado y contra qué personas.

Bajo esa línea, la ministra se pronunció a favor de divulgar la información en posesión de la UIF sobre el tema, siempre y cuando esta se limite únicamente a la versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y de los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, relacionados con las contrataciones vinculadas al caso Pegasus.

El proyecto modificado se votó por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.

JVR