Juzgadores alistan 3 vías en defensa del PJ

Ante la inminente discusión y posible aprobación de la iniciativa de reforma judicial en el Congreso de la Unión, los juzgadores del país alistan tres vías para defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF); advirtieron que, de aprobar el Legislativo la enmienda, en primer lugar acudirán a instancias internacionales; en segundo orden, van por un paro nacional y, por último, llegarán a lo que llaman acciones de resistencia.

El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, secretario de la Organización de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), dio a conocer que ya se encuentran trabajando en las mencionadas vías de lucha para defender a este poder.

La discusión de la reforma al Poder Judicial (PJ), con la que Morena, PT y Partido Verde buscan llevar a elección popular a jueces, ministros o magistrados, se iniciará el próximo 2 de septiembre ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Durante la realización del Foro Nacional Justicia Pronta y Expedita, que dio inicio este miércoles, en el que participaron más de 40 ponentes, coincidieron en que, además, uno de los problemas con la reforma al PJ se debe a que el Congreso desconoce el funcionamiento de este órgano, que durante años ha sido autónomo, por lo que delinearon tres vías para contrarrestar el sentido principal de la reforma.

Muñoz Alvarado aseguró que, en caso de que no se dé una respuesta en el ámbito nacional “efectiva”, la siguiente vía es tocar la puerta en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otra vía será acudir a la instancia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Solamente tenemos tres (escenarios): la primera, no tenemos instancia en sede nacional, pero sí internacional, debemos agotar recursos; la segunda, tenemos una alternativa que se llama paro nacional. Pareciera que el paro nacional es inminente, porque es lo que se desarrolla en el ámbito político”, apuntó. El tema del paro, enfatizó, no se trata de una circunstancia de discurso jurídico, porque son razones diferentes.

Afirmó que la tercera base, y en la que coinciden los trabajadores de este poder, es “la resistencia”.

Ricardo Amezcua Galán, consejero de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, señaló que las elecciones para designar a los más 700 juzgadores federales del país y la indemnización para los salientes costaría más de 20 mil millones de pesos, sin considerar los cálculos propios para los jueces locales.

Por su parte, Elías Huerta Psihas, presidente de la ANDD, aseguró que la iniciativa de reforma constitucional para el PJ propuesta por el Ejecutivo federal es “incompleta y parcial”, y “uno de los errores más graves que se cometerá en la historia de este país”, de aprobarse en sus términos lo que está planteado.

La magistrada María Emilia Molina aseguró que “al Poder Judicial de la Federación, el año pasado, llegaron un millón y medio de demandas y somos solamente mil 700 juzgadores; es fácil darnos cuenta de que lo que falta son juezas y jueces, además de mejoras al interior del PJ”.

De igual forma, aseguró que “quienes están en el Congreso no saben exactamente cómo funcionamos en los poderes judiciales, porque eso es algo muy técnico, y de ahí la necesidad de sentarnos a dialogar”.