Investiga PJF a 2 jueces por año desde 2012; no hay sanciones

En los últimos 12 años, sólo dos carpetas de investigación y averiguaciones previas se iniciaron, en promedio anual, en contra de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), principalmente por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales la mayoría sigue “en trámite”.

En medio del debate por la reforma judicial que se aprobó en el Congreso de la Unión para poner fin a privilegios y purificar a este sector, que a decir del Presidente Andrés Manuel López Obrador “está podrido” en su totalidad, las sanciones contra los malos servidores públicos se encuentran en el limbo.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a La Razón, a través de una solicitud vía el Portal Nacional de Transparencia (PNT), que del 1 de enero del 2012 al 30 de junio del 2024 se iniciaron solamente 22 carpetas de investigación y averiguaciones previas en contra de jueces y magistrados, de las cuales ninguna ha llegado al final de su proceso.

De acuerdo con los datos, se abrieron 10 expedientes por los delitos contra la administración de la justicia y enriquecimiento ilícito; cinco sólo por enriquecimiento ilegal; tres más por hostigamiento sexual; dos por abuso de autoridad; uno por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del CJF señaló que, conforme a la información disponible, “se tiene que, de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, en seis se determinó el no ejercicio de la acción penal y 16 se encuentran en trámite”.

Para la integrante del CJF, Celia Maya, la realidad en nuestro país es que la población no está contenta con la justicia que se imparte, por lo cual se tuvieron que buscar otros mecanismos por parte del Presidente López Obrador para cambiar esta situación, con la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Desde luego que, como en todo, hay gente que debe tener problemas. En el Consejo de la Judicatura hay quejas contra algunos jueces, secretarios, otros elementos del personal de los tribunales, pero no es un porcentaje que diga la mitad de todo el Poder Judicial está siendo acusado, pero sí, la percepción hacia afuera es que no hay la impartición de justicia que se requiere, y sobre todo, que no hay los resultados ni las respuestas en el tiempo que la gente necesitaría para resolver sus problemas”, admitió.

En entrevista con este diario, Maya García opinó que, una vez aprobada la reforma judicial, se tendrán que ir observando los resultados que dé en el PJF, “y si no los va dando, pues hacer los ajustes en el camino, pero tenemos que dar una respuesta a este reclamo, más después de todo este arguende que ya se ha dado y que quedó claro que se debe tener un mejor sistema de justicia”.

Conforme al periodo de consulta de 2012 a junio de 2024 sobre las sanciones en contra de los jueces y magistrados federales, la Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial de la Judicatura expuso que fueron sancionados en total 250 de ellos, un promedio de 20 cada año.

En el desglose de datos, el Consejo dio a conocer que se trata de 123 juezas y jueces, así como 127 magistrados y magistradas, por diversas conductas que contravienen el servicio público federal.

Las anomalías detectadas son: No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores; tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. Incumplimiento de las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, peculado, desvío de recursos y abuso de funciones; hostigamiento laboral, acoso, y obtención de beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función.

Asimismo, por conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; abandonar la residencia del tribunal de circuito o juzgado de distrito al que esté adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo.

Otros motivos de sanción fueron haber omitido atender el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales; no presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial; contravenir la obligación consistente en cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo u omisión.

Recientemente, el Presidente López Obrador y las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dieron a conocer un diagnóstico sobre el sistema judicial y la falta de sanciones en contra de jueces y magistrados corruptos que, dijeron, están vinculados con la delincuencia organizada y de “cuello blanco”.

Según las estadísticas gubernamentales, del 2004 al 2023, se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios del PJF, de las cuales fueron desechadas 86 por ciento de las mismas sin siquiera iniciar una investigación.

Del 14 por ciento restante que sí fueron indagadas, el CJF sancionó a 472 jueces y magistrados, de los cuales 292 recibieron apercibimientos y amonestaciones (0.7 por ciento del total); 102 suspensiones (0.27 por ciento); 41 destituciones (0.11 por ciento); 23 inhabilitaciones (0.06 por ciento), y 14 sanciones económicas (0.04 del total).

En el informe, Alcalde Luján resaltó que, de enero del 2023 a la fecha, el Poder Ejecutivo ha presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura, y “ninguna ha resultado en sanción”, lamentó.