Hasta ahora, 9 consultas en SCJN sobre la Judicial

La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha dado entrada hasta ahora a nueve consultas con las que el alto tribunal pretende determinar la ruta en la que eventualmente abordará la reforma al Poder Judicial, en los diferentes recursos judiciales que están en marcha, como los amparos.

Las tres primeras, 1/2024, 2/2024 y 3/2024, fueron turnadas a la ministra Lenia Batres; la 4/2024 le fue asignada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá; tres más, 5/2024, 6/2024 y 7/2024, le fueron encargadas a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, y este jueves se adicionaron la 8/2024 y la 9/2024, que se suman a las de Esquivel Mossa.

En un principio, todas las solicitudes para que la Suprema Corte interviniera, ante la inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) con la reforma, fueron rechazadas, hasta que en la sesión del Consejo de la Judicatura en la que sólo estuvieron los ministros, se acordó que todo sería por medio de consultas, y después de eso todas han sido aceptadas.

Fuentes judiciales aseguraron a La Razón que la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, seguirá atendiendo qué solicitudes son revisadas a trámite y cuáles serán desechadas.

Las consultas a trámite —previstas en el párrafo segundo de la fracción II del art. 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación— 5/2024 y 6/2024 fueron promovidas por funcionarias y funcionarios adscritos al Poder Judicial de la Federación y la 7/2024 fue tramitada por magistradas y magistrados de Circuito, así como por juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

En estos tres casos se solicitó realizar una consulta al pleno del alto tribunal, con la finalidad de que se analice la constitucionalidad del decreto que extingue la carrera judicial y destituye a todos los jueces y magistrados federales de los tribunales de justicia de todas las entidades federativas y de la Ciudad de México.

Se considera que, al ser designados los juzgadores por medio de elección y voto popular, se vulnera el principio de división de poderes, la autonomía de uno de los poderes de la unión, así como la esencia de la República.

Previamente, la ministra presidenta de la Corte turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, conforme al turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN, la consulta a trámite 4/2024.

En esa petición, cuyo acuerdo fue publicado el pasado 18 de septiembre, en la lista de notificaciones por rotulón de la sección de amparos, contradicciones de tesis y demás asuntos, magistradas y magistrados de Circuito, y juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, solicitan al máximo tribunal del país que “ejerza, de manera urgente, la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, con el fin de conocer y dirimir el conflicto o controversia que se suscita entre el titular del Poder Ejecutivo y el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la iniciativa de reforma.

El 10 de septiembre se turnó a la ministra Lenia Batres Guadarrama la consulta a trámite 3/2024, que presentaron jueces y juezas de Distrito, así como magistrados y magistradas de Circuito integrantes del Poder Judicial de la Federación, para solicitar el alto a la reforma judicial con intervención del tribunal pleno.

Previamente, el 5 de septiembre, jueces y juezas de Distrito, y magistrados y magistradas de Circuito, y otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación, promovieron ante la Corte las consultas a trámite 1/2024 y 2/2024, las cuales tienen el objetivo de frenar la iniciativa con proyecto de dictamen o decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, dio a conocer que hasta ahora el órgano no ha sido notificado de la orden judicial para que se abstenga de continuar con el proceso electoral relativo a jueces, ministros y magistrados.

En entrevista con medios, explicó que una vez que la medida llegue al INE se analizará jurídicamente y se adoptará una postura en consenso por parte del Consejo General. “Mi postura es esperar a que llegue, cómo viene, analizarlo jurídicamente y ver cuál es lo procedente. No sólo soy yo, somos 11 consejeros que tendremos que asumir una postura”, dijo.

Durante la sesión de Consejo General, el tema fue mencionado por el representante del PAN, Raymundo Bolaños, quien pidió esclarecer la postura que se tomará en torno al mandamiento judicial.

“Venimos de un cierre de Proceso Electoral Federal donde muchos de los posicionamientos vertidos en esta Mesa de consejerías han sido: ‘No vamos a generar un solo acto que violente la Constitución ni los poderes constituidos’. Un mandamiento judicial también deviene de una autoridad que está formalmente constituida”, dijo.

Con información de Yulia Bonilla