Gobierno, partidos y ONG enfilan pleito legal contra Abbott y su ley antimigrante

El Gobierno mexicano y legisladores, incluso de oposición, cerraron filas en contra de la ley SB4, promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que a partir de marzo permitirá a la policía arrestar y deportar a México a cualquier persona “sospechosa” de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

Tras calificar al gobernador tejano como un “señor de malas entrañas”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su Gobierno impugnará la legislación, ay dvirtió que esas medidas “politiqueras” no le van a funcionar, en su intento de ser vicepresidente de EU.

“Vamos a intervenir, porque esas son facultades del Gobierno federal de EU, no son atribuciones de los estados; él está usurpando funciones y tiene que ver con política exterior y eso corresponde al Congreso y al presidente (Joe Biden)”, dijo.

Ratificó su rechazo a este tipo de medidas porque van en contra de los migrantes mexicanos y de personas de otras partes del mundo, y con las cuales, dijo, quiere Abbott ganar popularidad en su carrera por la vicepresidencia estadounidense.

“No va a ganar nada; al contrario: va a perder simpatías, porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes”, aseguró, al fijar su postura ante esa ley.

Agregó que al gobernador de Texas se le olvida que este territorio, junto con 10 estados de la Unión Americana, formaban parte de México, y que más de 40 millones de connacionales viven en EU y ayudaron a consolidar ese país. Además, apuntó, “se le olvida que en la Biblia dice que no hay que tratar mal a los forasteros”.

López Obrador denunció que Abbott “manda a detener a migrantes en esta temporada de frío, ya cuando empieza el invierno, y los lleva a Nueva York, y los tiran enfrente de las casas donde viven los dirigentes demócratas. Sí, enfrente de la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Es un señor de malas entrañas, malo de malolandia”.

Opinó que estas medidas no funcionarán: “Algo parecido hizo el gobernador de Florida, (Ron) DeSantis, y estaba en las encuestas arriba, no del expresidente (Donald) Trump, pero sí estaba en segundo lugar, y empezó con esas medidas y se cayó; creo que tiene uno por ciento de aceptación. Así le va a pasar a este gobernador de Texas con estas decisiones”.

La ley conocida como SB4, firmada por Abbott, tipifica como nuevo delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas, con penas que van de 180 días a 20 años de prisión. También da derecho a cualquier policía del estado a detener sospechosos de haber entrado ilegalmente al país.

En contra de esta nueva normativa se expresaron también legisladores de diferentes bloques en el Congreso de la Unión, quienes señalaron que respaldarán las acciones que decida emprender en su contra el Presidente López Obrador.

Antes de la sesión de la Permanente, el diputado panista Héctor Saúl Téllez calificó como inhumano el proyecto, por lo que señaló que desde el Congreso se podría proponer enviar una carta diplomática para pronunciarse contra la iniciativa: “Una carta diplomática sería un buen gesto del Gobierno mexicano y esperemos que atienda esos instrumentos que tiene a la mano, de carácter diplomático”.

Cuestionado sobre si respaldaría las acciones del Gobierno mexicano para impugnar estas leyes, respondió: “Si está basado en principios de humanidad, nosotros lo analizaremos responsablemente. Apoyaremos cualquier causa que sea de carácter humano para el paso de los migrantes por nuestro país”.

El senador morenista Eduardo Ramírez dijo que el gobernador de Texas actuó de manera discriminatoria contra los migrantes y que se podría recurrir a instancias internacionales para controvertir la ley.

“Hay que hacer toda una revisión; estamos en toda la oportunidad de acudir ante instancias internacionales para declarar la invalidez de esa norma jurídica”, subrayó.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, manifestó que apoya a la Federación y a la canciller Alicia Bárcena, en el rechazo a la ley. Indicó que el Gobierno mexicano tiene que hacer valer los compromisos internacionales, pues recordó que se firmó una convención de trabajadores migratorios hace 33 años.

“Repudio que no se trate como humanos a una migración pobre, porque a la migración rica que cruza en avión, que lleva inversiones o que juega beisbol, sí les abren sus fronteras, pero a la migración pobre, redadas, policías, retenciones, púas y que se ahoguen en el río o se mueran en el desierto”, reclamó.

La directora de la iniciativa Agenda Migrante, Eunice Rendón, aseguró que 2023 cierra con una nueva problemática migratoria, al señalar la reciente aprobación de una medida en Texas, que permite detener a los inmigrantes que se crea se encuentran ilegalmente en el estado, además que concede a los jueces estatales el poder de regresarlos a México.

“El año termina con lo que está haciendo (el gobernador) Greg Abbott en materia migratoria, de la que ya se posicionó la Cancillería, pues lo que está haciendo sí requiere una alerta, ya que tiene consecuencias fatales en el tema de xenofobia y racismo, además de un impacto legal”, dijo a La Razón.

Señaló que hace tiempo en Arizona quisieron hacer leyes similares y no funcionó; por ello, dijo, es necesario analizar las cosas que ha hecho el gobernador en el tema de la migración, pues seguramente el tema va a llegar a los tribunales.

“Yo lo que creo es que esto va a generar un estrés entre toda la comunidad. Además, al no tener un conocimiento profundo de las leyes, les da un poder grande a los agentes para la detención de cualquier en las calles, lo que inconstitucional; por ello el tema se va a ir a lo legal, agregó.

Recordó que la nueva ley entra en vigor en marzo y es necesario ver cómo se aplica, pues genera un ambiente de crisis; además, aseguró que el gobernador de Texas lo usa políticamente, como en su momento pasó con Trump.

La también llamada Ley SB4 convierte en delito la entrada ilegal de personas a EU y permite su detención, simplemente por la sospecha de que puedan estar en condición irregular, por lo que también pueden ser deportados de inmediato.

Mientras que México es para los migrantes sólo el puente que hay que cruzar para llegar a Estados Unidos y, para algunos, del que hay que huir lo más pronto posible por la criminalidad que les acecha, hay quienes ya ven a este territorio como su Plan A para reconstruir la vida que dejaron en sus países de origen.

Hace 11 meses, “Odi” salió de Haití, huyendo de la violencia y otras crisis que, asegura, se dispararon más tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021. En marzo llegó a Brasil y desde ahí emprendió el cruce por Centroamérica, coleccionando los vilipendios de ser migrante: hambre, enfermedades, cansancio, agresiones y dificultades económicas.

“Pero aquí es diferente, como (todos) los días, tengo ropa, tengo dinero, yo aquí quiero quedar”, asegura con el español que apenas habla, pero que ya le ha servido para conseguir un empleo informal en un mercado del Estado de México, que le da para rentar una reducida habitación, tener días de ocio y asegurar el alimento.

Sorprendida por vivir una vida que creyó sólo alcanzar en Estados Unidos, la mujer ya visualiza una vida a la que quiere invitar a sus dos hermanas y una tía que las crió desde pequeñas.

Y es que cuenta que lo que aquí le ha alcanzado para comprarse un colchón, dos pares de tenis, varias mudas de ropa y una vasta despensa que le alcanzará por varios días, en países como Colombia apenas y le rendía para comer unos cuantos días.

Mientras ella apenas valora quedarse en México, hay otros migrantes que ya tomaron esa decisión, como Oliver, quien salió de Venezuela hace dos años y esta es la segunda ocasión en la que intentaba llegar a Estados Unidos, acompañado de su esposa.

Pero durante los últimos meses ambos cambiaron de decisión. Aún no tienen hijos y en Venezuela “ya no hay nada a qué devolvernos”.

“Aquí comemos diario, ya tenemos trabajo los dos, ya nos rentaron una casita que pudimos amueblar rápido. Aquí yo creo que podríamos tener nuestros hijos y crecerían bien, ¿para qué seguimos caminando? La vida yo creo que ya la podemos hacer aquí y vamos a ver que nos digan qué sigue para quedarnos como debe de ser”, cuenta el hombre.

Para sostenerse económicamente, la pareja sale todas las mañanas de Ecatepec hacia el paradero del Metro Indios Verdes para llegar a sus lugares de trabajo: él, en un taller mecánico y ella en un restaurante como personal de limpieza.

Entusiasmada, comparte lo mucho que le agrada ir los fines de semana a comprar a los múltiples supermercados que encontraron por la zona en que ahora viven y ver decenas de productos para los que les alcanza y de los que pueden comprar la cantidad que les plazca.

En otro extremo, hay para quienes México sólo es de paso. Christopher, un migrante salvadoreño, lleva tres meses en territorio mexicano, en espera de conseguir una cita en el CBP y cada día le pasa lento.

Vive en una de las pensiones atestadas de Revolución, donde paga mil 500 por quincena y si le va bien alcanza a dormir en un cartón, pero si lo pierde, se lo roban o se queda sin piso, no le queda más que pasar las noches en un rincón sentado abrazando su mochila.

“Aquí y El Salvador se parecen, pero no, no es lo mismo. Aquí me tratan mal, para todo cobran, en todos lados roban a uno. Ya perdí más billetes y no dejan vender nada. Quise limpiar carros y me cobraban para dejarme hacerlo; aquí en las casas les decía que barría o les ayudaba y me corrieron. Las puertas están cerradas”, contó.

El Gobierno de México estableció los principios de la nueva Estrategia Integral de Migración, de aquí a septiembre del 2024, con el fin de dividir en grupos de trabajo para mejorar la atención a los migrantes, la gestión de flujos irregulares y movilidad laboral.

Durante la novena sesión de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) encabezada por la canciller Alicia Bárcena, se acordó que los Centros Integradores para el Migrante serán operados exclusivamente por la Secretaría del Bienestar.

En su mensaje, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que el propósito de la nueva estrategia que reestructura la CIAIMM es coordinar los avances en materia migratoria de un modo más ágil y eficaz.

Dijo que se requiere mejorar la coordinación y las acciones de las dependencias federales, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal en materia migratoria.

Los grupos de trabajo son: Gestión humanitaria de la migración irregular, presidido por la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde; Vías de movilidad laboral y bienestar, por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.

Asimismo, los grupos de Atención a comunidades mexicanas en el exterior y cooperación e integración regional, a cargo de la canciller Bárcena Ibarra; Datos, estadística y proyecciones, encabezado por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Graciela Márquez.

En tanto que las y los titulares de las dependencias federales, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal (APF) discutieron estrategias de movilidad laboral y atención integral a personas migrantes, así como la gestión de flujos migratorios.

Bajo la advertencia “Texas, nos vemos en la Corte”, activistas abrieron una batalla legal contra Greg Abbott para declarar ilegal una de las leyes más restrictivas contra migrantes en Estados Unidos.

A menos de 24 horas de la firma de la norma SB4 y replicando la frontalidad del gobernador republicano responde continuamente al presidente Joe Biden, quien cuestionó su muro flotante y el uso de alambre de púas, defensores de los derechos civiles congregados en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Condado de El Paso, representado por Texas Civil Rights Project, demandaron a la entidad fronteriza ante un tribunal en Austin para impedir su implementación.

Acusan que la estrategia del aliado del expresidente Donald Trump, que replica una legislación de hace más de una década, es “anticonstitucional” y viola la ley federal al suplir la seguridad que compete a la Federación, al dar poder a agentes locales para arrestar a presuntos indocumentados. Por ello, incluyeron en la demanda al director de Seguridad Pública estatal, Steve McCraw, y al fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks.

Además, pone en riesgo a residentes latinos y negros, pues se convierten en el principal objetivo de agentes locales y estatales, de acuerdo con declaraciones de la directora de la agrupación promigrante, Adriana Piñón, recogidas por Associated Press.

Ellos serán los más asediados para solicitarles sus papeles y verificar su estatus legal, pero en caso de no comprobar tal condición podrían ser detenidos y deportados, pues los cambios buscan negociar con los presuntos criminales su expulsión inmediata al otro lado de la frontera en vez de retenerlos en EU. Pues se prevén penas de entre dos y 20 años de cárcel, privándolos del debido proceso y criminalizando incluso a quienes buscan asilo o protección, sin importar su origen.

Ante la persecución anticipada por organizaciones y políticos, la ACLU sostuvo “merecemos algo mejor que la discriminación racial, el acoso y la crueldad disfrazados de política de inmigración”.

Y se lanzó contra Abbott, mientras que un abogado aliado de la ACLU, Anand Balakrishnan, recalcó que usarán todas las herramientas a su alcance para bloquear la estricta estrategia de Abbott, según una publicación del Texas Tribune.

El grupo lamentó que con el apretón de la llamada Operación Lone Star no se atiende el problema de fondo sólo se acelera la deportación masiva, con el respaldo de jueces, tal como prometió el mismo Trump en caso de ganar la elección presidencial el próximo año.

Pues además de un acoso por el color de piel o el idioma que hablan los sospechosos, aunque sean texanos legales, se advierten errores de procedimiento e ilegalidades que separarán a familias en la entidad, como ocurrió durante la administración presidencial pasada.

Por ello, los activistas asestaron que mantendrán la vía legal contra el hombre al que perfilan como vicepresidente del magnate republicano y quien aseveró el pasado 18 de diciembre que esta legislación era necesaria ante la negativa de Biden a reforzar la seguridad fronteriza, tema en el que también presionan legisladores conservadores desde la Cámara del Congreso, previo al año electoral.

El objetivo, refrendan, es cortar de raíz lo que prepara Texas; de lo contrario, esta polémica ley entrará en vigor y más regiones, en su mayoría republicanas, podrían sumarse a la estrategia racista y antimigrante para disuadir a quienes buscan una oportunidad en EU al cruzar ilegalmente a ese territorio.

Sin embargo, los activistas enfrentan trabas en su lucha, pues quienes están en favor de Abbott y de normas cada vez más duras contra las olas migratorias que dejan nuevos récords los tachan de traidores por abogar por quienes, según Trump, “envenenan” a EU.

Y hasta el momento, Biden no se ha pronunciado en torno a los nuevos pasos del gobernador de Texas, reelecto el año pasado. Pero se espera que nuevamente intente echar atrás esa medida como lo hizo con las boyas en el río Grande, tras acusar a Abbott de violar leyes federales al obstruir aguas internacionales.

En medio de los choques, se reportó que Eagle Pass es el punto más conflictivo tras la firma del plan de Abbott, debido a la saturación al momento en un intento por evadir la inminente implementación, como ocurrió en mayo pasado cuando miles cruzaron antes del fin del Título 42.

No obstante, ni Texas ni las agrupaciones mencionadas reportan cifras en torno a un aumento o un descenso en los cruces fronterizos ni casos de acoso contra personas con rasgos hispanos, principales sospechosos para ser capturados.