Desacato deja al pueblo sin una Corte: ministro

El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca señaló que, si no se acata la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del próximo 5 de noviembre, se entenderá que ya no se cuenta con el tribunal supremo.

“Si no se acata una resolución de la Corte, el pueblo en términos generales sabrá que no cuenta con una Suprema Corte de Justicia y que las resoluciones son para colgarse o para archivarse o para guardar. Yo creo que nadie en este país querrá una resolución que, de antemano, se diga, no se va a cumplir”, declaró en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que los ministros pueden votar por el proyecto, ya que si bien se han pronunciado tanto a favor como en contra de la reforma al Poder Judicial, hay libertad de expresión, así como la Presidenta pedía que se votara el proyecto que este presentó el pasado lunes.

Asimismo, fue cuestionado sobre los señalamientos que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que los ministros presentaban su renuncia para “retirarse con un montón de dinero”. “El ministro Arturo Zaldívar se fue con la pensión más elevada que se ha dado en los últimos años. Los ministros que cumplían con un requisito y que era una presentación que había en el momento de izar, es lo que la ley establecía.

“Si la Presidenta considera que las cantidades que se nos aportarían serían lo que estamos defendiendo, yo le diría que está equivocada, por eso mismo no he decidido si presento o no presento mi renuncia”, respondió.

Aseguró que los ministros decidieron que se vote el proyecto hasta el próximo martes con la intención de estudiar bien el proyecto que presentó y posteriormente votarlo. Aseguró que a pesar de que se vote en la siguiente semana, estarían en tiempo para tomar una decisión.

“Se trata de una promoción que presentan los partidos políticos; como se recordará desde hace tiempo, ya se les da a ellos la posibilidad de acudir en una acción de inconstitucionalidad. Hay quien ha dicho que no son posibles estas cosas. Nosotros decimos que sí, porque no estamos ante un amparo, como erróneamente se ha manifestado en algunos medios, sino que estamos en presencia de una acción de inconstitucionalidad y la ley reglamentaria establece muy claramente la posibilidad de que las minorías parlamentarias acudan en esta vía a cuestionar o a pedir que sea revisada su constitucionalidad”, expulsó el ministro.

Aseguró que los legisladores se enfrentaban “a lo que puede ser una de las peores crisis constitucionales del país. Nosotros sabemos que cuando hay esa cohesión de poderes entre el Ejecutivo conjuntamente con el digital latino y el judicial, el poder que más pierde en cualquier parte del mundo es el poder judicial porque es la rama más débil de esta trilogía de poderes que existen en el mundo”.

Mencionó que lo que se busca con el proyecto que presentó es encontrar un punto intermedio y revisar con detalle los procesos de selección. Apuntó que la mayoría de la gente no conoce cómo se realiza una elección de magistrados ni cuáles son las funciones de estos.

Por otro lado, los ministros pueden determinar la destitución de diputados, senadores e inclusive de la Presidenta, sin la necesidad de un desafuero, advirtió el ministro en retiro José Ramón Cossío, al explicar el posible escenario en caso de que la Corte apruebe el proyecto del ministro González Alcántara, y no sea acatado por los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“Los ministros de la Corte pueden consignar directamente ante juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia para que se les aplique la pena porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia”, mencionó en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Señaló que las autoridades consignadas no pasarían por un desafuero toda vez que es una decisión “que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara (de Diputados), ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso donde se rompe lo que se llama el ejercicio de la acción penal”.

Detalló que los ministros del máximo tribunal, al considerar que existe un desacato por parte de los poderes Legislativos y Ejecutivo, con base en la fracción 16 del artículo 107 constitucional y sus aplicaciones al 105, “podrían considerar que hay que remover, destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia”.

El exministro apunto que el Congreso podría “responder” dando apertura a un juicio político en el que la Cámara de Diputados se constituiría como órgano de acusación y el Senado como órgano de sentencia.

Al corte de las 18:00 horas de este miércoles –último día del plazo fijado por el Senado–, 342 jueces y 503 magistrados rechazaron participar en el proceso electoral, para un total de 845 personas juzgadoras, aunque se esperaba que esta cifra pudiera aumentar, ya que el cierre estaba programado a las 23:59 horas.

Esta cantidad es ya más de la mitad de los mil 647 juzgadores que integran la plantilla de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, y rebasa las 711 plazas que se decidieron por tómbola para ser electas en el 2025; es decir, ya han declinado algunos juzgadores que irán a votación en el 2027.

Seis magistradas de Circuito, encabezadas por Lilia Mónica López Benítez, acudieron personalmente al Senado para presentar sus renuncias a las magistraturas, luego de haber sido seleccionadas por “tómbola” para someter a votación popular sus encargos, no sin antes ser impedidas por personal de resguardo para ingresar al recinto.

“Las condiciones actuales no nos garantizan impartir una justicia con independencia y bajo los principios de ética que nos rigen dentro de la Judicatura (…) Estas reglas del juego con jueces a modo, serviles al oficialismo, no es la ruta para las personas que hemos trabajado y que hemos seguido una carrera judicial de más de 30 años”, declaró López Benítez.

Son información de Sergio Ramírez