Con reformas CSP abre ruta a elección de jueces

La Presidenta Claudia Sheinbaum colocó en ruta la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), al presentar ayer dos iniciativas de reforma a leyes secundarias con las que se da certidumbre a la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados, al establecer detalles que no se incluyeron en la reforma constitucional, como un cronograma con las fechas más importantes.

El proyecto, cuya aprobación se prevé en un par de días, plantea cambios a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con los cuales se fijan fechas y requisitos.

Esta iniciativa fue presentada al Senado de la República como Cámara de origen y con la instrucción de que se apruebe de inmediato para cumplir con el calendario establecido, que prevé el 24 de noviembre como la fecha en que se habrán de inscribir los aspirantes.

“Sigue el proceso, estas leyes tienen que aprobarse pronto para que pueda presentarse la convocatoria… Si no lo envían, lo que dice esta ley es que el Senado, de todas maneras, buscará la manera de conocer cuáles son las vacantes; que hay formas públicas de conocerlo, y con ello emitirá la convocatoria”, agregó Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa para insistir en que el plan sigue adelante, a pesar de las resoluciones judiciales que ordenan su detención.

La mandataria federal refrendó su defensa al proyecto, al sostener que una reforma constitucional no puede ser impugnada; para esto, expuso una reciente declaración del ministro en retiro Diego Valadés, que a pesar de estar en contra de la reforma dijo que hay que ser sensatos y admitir que no procede algún recurso contra este cambio a la Carta Magna.

“El contenido de una reforma constitucional no es impugnable y lo está diciendo un abogado que no coincide con la reforma, pero que está diciendo: ‘a ver, ya la Corte no puede poner limitaciones en algo que ya es una reforma constitucional’”, dijo.

Luego de recordar puntos ya incluidos en la reforma constitucional, como los cargos que se habrán de renovar y la fecha de la elección, la consejera jurídica Ernestina Godoy explicó que se propone un libro único para detallar las seis etapas de esta elección que se habrá de realizar el primer domingo de junio del 2025.

No obstante, la elección de magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales ocurrirá una vez que las legislaturas estatales hayan armonizado sus constituciones con esta reforma.

“El objetivo es que se garanticen los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial, para dar legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia, y a través de los medios de impugnación, garantizar la tutela efectiva durante el proceso electoral”, señaló.

Ante la negativa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para remitir el listado de las plazas activas en el Poder Judicial y que habrán de renovarse para el siguiente año, debido a las suspensiones judiciales que frenan el proyecto, la mandataria federal dijo que, si sigue sin enviar la información, entonces el Senado se basará en la que se encuentre disponible al momento para emitir la convocatoria el próximo 16 de octubre.

Ésta será emitida a los tres poderes de la Unión para que se proceda con la integración de las candidaturas. Dicha convocatoria, explicó la funcionaria, no podrá establecer requisitos adicionales para postularse a los diferentes cargos ni para la integración y funcionamiento de los comités de evaluación, al recordar que cada poder contará con uno que se conformará por cinco personas de “reconocido prestigio en la actividad jurídica, observando la paridad de género”.

El 31 de octubre se instalarán los comités de evaluación de cada poder; el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para la ciudadanía; el 24 de noviembre es la inscripción.

Otra fecha destacada es el 15 de diciembre, cuando los comités encargados revisarán los requisitos de elegibilidad de quienes se inscriban, en cuanto a documentos. El 31 de enero se entrevistará a los aspirantes; el 4 de febrero, los Poderes de la Unión determinarán la conformidad de los finalistas y devolverán las listas a los Comités.

Al día siguiente, se llevará a cabo una insaculación para depurar los listados y devolverlos a los poderes para que éstos los aprueben el día 7 y luego, el 12 de febrero, el Senado habrá de integrar y remitir al Instituto Nacional Electoral (INE) los listados, para que el órgano electoral organice los comicios del 1 de junio.

El proyecto reitera las facultades que se le otorgan al INE para echar a andar el plan en materia de organización, vigilancia y fiscalización, ya asignadas en la reforma constitucional.

La Presidenta reiteró que las reglas en materia de gasto de candidatos judiciales las determina el INE, pero recordó que no podrán recurrir a campañas suntuosas ni amplios despliegues.

Sobre el costo general de la elección, explicó que aún no es posible establecer el monto, pues primero se deben conocer los detalles que implicarán gasto, como diseño y cantidad de boletas, lo cual está a cargo del INE.