CNDH alertó desde 2018 sobre riesgos en pozos de minas de Coahuila

Desde hace más de tres años y medio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el riesgo que la modificación de cauces de agua, por parte de la industria minera, significaba para trabajadores y zonas habitacionales aledañas a las minas, debido a la explotación ilegal de carbón en Sabinas, Coahuila, de la cual forma parte la comunidad Villa de Agujita.

En este lugar, al menos 10 personas quedaron atrapadas este miércoles entre los pozos de una de las minas, después de que durante sus labores de extracción hubo una inundación provocada por un derrumbe.

El 22 de noviembre del 2018, en el ocaso del gobierno de Enrique Peña Nieto, la CNDH emitió la recomendación 62/2018, en la cual pidió a las autoridades estatales y federales iniciar un programa de inspección en la región carbonífera del estado.

Advirtió sobre el peligro que suponían en ese momento las técnicas de extracción del mineral de manera artesanal o a base de “pocillos”, debido a que son considerados riesgosos.

“Se investiguen las irregularidades de los tajos, pocillos, patios de maniobra, y, en general, obras mineras empleadas, tiraderos clandestinos, o bien otros sitios que se empleen en las mismas condiciones de ilegalidad, debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”, cita la recomendación.

Además, ordena revisar la vigencia de los títulos de concesión y el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, permisos y autorizaciones previstas en la Ley Minera, para evitar violaciones a las garantías de trabajadores y habitantes.

En el texto, la CNDH pidió al gobernador del estado, Miguel Riquelme, realizar un diagnóstico sobre las condiciones de estabilidad en el suelo de las colonias Altamira y Lomas Altas, y señalar las áreas susceptibles a fisuras, deslizamientos y agrietamientos, identificando las viviendas afectadas por las obras y actividades mineras o aquellas en situación de riesgo.

El documento establece cómo las empresas desviaron el cauce del arroyo Cloete, en Sabinas, lo que implica “condiciones de riesgo por la posible existencia de anegamiento en las obras y sus alrededores, como también infiltración y reblandecimiento de las paredes de los tajos”.

Otra de las recomendaciones fue en ese momento iniciar un programa de inspección sobre las actividades realizadas en el “Área de Protección de los Recursos Naturales del Río Sabinas” y su conformidad con la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, al igual que la sujeción de las actividades relacionadas con la minería, así como contar con un protocolo para la presentación, elaboración y evaluación de los programas de prevención de accidentes internos y externos en minería.

La recomendación está dirigida a los gobiernos estatal de Coahuila y municipal de Sabinas; a las secretarías de Economía y de Medio Ambiente, así como a la Comisión Nacional del Agua, entre otros.

El órgano autónomo detalló que las autoridades del país incurren en responsabilidad al no prevenir, investigar y sancionar la extracción de carbón en el municipio de Sabinas, lo que desde ese momento provocó riesgos para la gente.

Entre los problemas que también se detectaron en ese momento fue la falta de señalización y medidas de seguridad para prevenir algún incidente, además de que el desvío de los cauces de agua afectó directamente a las comunidades de Agujita y Cloete.

Subraya que la modificación del embalse Cloete, en Sabinas, podría generar anegamientos en las obras y alrededores, lo que podría reblandecer las obras.

El 18 de marzo del 2015, representantes de organizaciones civiles presentaron un escrito ante la CNDH, en el que refirieron diversas violaciones a los derechos humanos, con motivo de la extracción de carbón mineral en las localidades de Agujita y Cloete, ambas pertenecientes al municipio de Sabinas.

Expusieron que, durante los últimos años, la actividad extractiva, desarrollada inicialmente en áreas alejadas de la zona urbana, se había expandido hasta realizarse en el interior de los poblados, afectando durante dicho proceso áreas verdes y recreativas, la hidrografía de la zona y las vías de comunicación.

Asimismo, manifestaron que, como mecanismos de presión para que los habitantes vendieran sus propiedades, se habían causado daños en la red del drenaje público, al igual que la obstrucción de los caminos por los cuales se trasladan a sus casas.

En Coahuila, el 90 por ciento de las minas de carbón “está en riesgo de colapso y son trampas de muerte”, denunció Cristina Auerbach, vocera del Colectivo Pasta de Conchos.

Señaló que el derrumbe de la mina en Sabinas, Coahuila, se debe a la falta de supervisión de las autoridades federales, pues se tiene detectado, desde hace años, que es una zona de pozos que corre un “grave riesgo de colapso”.

En entrevista con La Razón, señaló que no se tiene el número exacto de minas de este energético en el estado, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregó 54 contratos, pero no hay el mismo número de minas.

“Esto quiere decir que una misma mina por la mañana la trabaja una empresa y por la tarde otra, pero las dos obtienen el trabajo con el mismo contrato; lo que hacen es que reciben el contrato de la CFE, pero a cada trabajador lo registra cada empresa para que, cuando pase algo, no les quiten el contrato, y CFE pueda decir que no compra ese carbón, es lo más perverso del mundo”, expresó.

La vocera dijo que quien tiene el número exacto de minas de carbón es la CFE, ya que es quien compra el energético. En este tenor, detalló que lo sucedido en la mina no es un caso aislado, sino que es la misma película de siempre que se vio desde Pasta de Conchos, ya que es una región que ha puesto tres mil muertos en las minas del carbón y que las autoridades los seguirán exponiendo, con tal de seguir obteniendo el recurso.

“Esta mina se inunda —no porque se caiga—. Se inundó porque incumplía con las normas de seguridad e higiene, pero que la Secretaría del Trabajo diga que no la había inspeccionado porque no se le denunció, me parece una falta de respeto, porque no es responsabilidad de la sociedad, ni de los defensores, estar revisando, ya que es trabajo de esa secretaría; ellos son los obligados”, señaló.

Cristina Auerbach aseguró que la mina estaba trabajando desde enero, pero en una zona en donde hay muchos pozos y que ellos conocen, lo que quiere decir que no han ido a esa zona a revisar pozos: “Esa zona es sumamente peligrosa y hay muchas minas irregulares ahí”.

La activista sostuvo que lo que está en juego es el discurso de la soberanía energética, pues afirmó que quieren convencer a la gente de que está bien sacar carbón, pero a costa de la vida de las personas.

“Esto es un tema de negligencia gubernamental y hasta 24 horas (después), todavía ni siquiera podemos tener el nombre de las personas atrapadas, ya que no se sabe cuántas hay exactamente”, dijo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su deseo de que los trabajadores atrapados dentro de la mina en Sabinas, Coahuila, puedan ser rescatados con vida.

“Lo que quiero, deseo, con toda mi alma es que rescatemos a los mineros. Mandarles un abrazo a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, un abrazo muy fuerte y van a seguir fe y van a seguir contando como siempre con nosotros, no están solos”, manifestó el jefe del Ejecutivo federal.

Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional, con el subsecretario Agustín Radilla Suástegui, coordina los esfuerzos de los tres niveles de Gobierno y aprovechó para girar instrucciones a parte de su gabinete para que actúen con rápidez en las labores de rescate.

“Aprovecho para decirle a Germán Martínez de la Comisión Nacional del Agua, Octavio Ramírez Oropeza (PEMEX), que se pongan de acuerdo con el general Radilla, también a Manuel Bartlett de la CFE, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum), a los gobernadores de la región que puedan tener bombas grandes para sacar el agua, que podemos llevar en los aviones de carga de la fuerza aérea pero aprovechar el día bien, para avanzar que aquí la conferencia también es para tomar acuerdos, ya me están escuchando y que se pongan de acuerdo con el general”, explicó.

También pidió que se concentren los esfuerzos en el rescate y no sobre las responsabilidades de este accidente.

“Las investigaciones sobre los responsables, los permisos, las inversiones, todo eso lo estamos dejando para después, ya sabemos quiénes tenían las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, todo, pero no hablemos de eso ahora, vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos y básicamente”, pidió el mandatario.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que no había recibido ninguna denuncia sobre irregularidades en la mina “Agujita” de Sabinas, Coahuila, pero su Programa de Inspección 2022 prioriza la visita a minas, por considerar que es una “actividad de alto riesgo o existe vulnerabilidad de derechos laborales”.

Para este programa dividió en siete estrategias su trabajo. En la segunda de ellas, y como primer punto, destaca “priorizar la realización de inspecciones en sectores productivos específicos, en los cuales se realicen actividades de alto riesgo o exista vulnerabilidad de derechos laborales, tales como: minero (metálicas y de carbón mineral, principalmente)”.

Además, la estrategia dos establece que las inspecciones se realizarán cuando estén involucrados centros de trabajo ubicados en los municipios más alejados de las oficinas de representación y sea de difícil acceso, o en el caso de aquellos que no hayan sido visitados en más de un año.

También deberán acudir cuando exista la sospecha de que en el centro de trabajo se emplea a menores de edad.

Era la prioridad de la STyPS, sólo detrás de las inspecciones a centros laborales que se llevan a cabo debido a las quejas o denuncias de los trabajadores, o cuando se presentan accidentes o siniestros.

Para este año, dice el documento aprobado por la dependencia el 13 de junio, la meta de los inspectores es cubrir 40 mil visitas a centros de trabajo en todo el país.

De acuerdo con la programación de la Secretaría del Trabajo, 20 por ciento —ocho mil— de esas visitas serán ordinarias; es decir, que no haya una denuncia o queja presentada, como en el caso de la mina, según la información de la propia dependencia.El restante 80 por ciento, 32 mil visitas, serán extraordinarias, cuando sí haya denuncias de irregularidades en los centros de trabajo.

Los responsables de llevar a cabo estas inspecciones pertenecen a la Unidad de Trabajo Digno, a cargo de Alejandro Salafranca Vázquez; la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, encabezada por Fernando Jordan Siliceo del Prado; la Dirección General de Previsión Social, a cargo de Omar Nacib Estefan Fuentes; las direcciones de Coordinación Regional y las oficinas de Representación Federal del Trabajo.

Hasta ahora, la dependencia no ha aclarado ni siquiera el nombre de la mina. De acuerdo con la coordinación Nacional de Protección Civil, se llama Conchas, pero la Secretaría del Trabajo la identifica como cercana a la comunidad Agujita.

En el Registro de Concesiones Mineras de la Secretaría de Economía, hay dos concesiones para la empresa Alva Ram De Agujita, propiedad de Manuel Álvarez Ramón, y una para Las Conchas, de la compañía Minerales Monclova, S.A. de C.V., ahora Minera Del Norte S.A. De C.V., propiedad de una sociedad de cinco socios.

Aunque versiones periodísticas de Coahuila atribuyen el predio al exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata Jaime, sin que hasta el momento se haya confirmado la identidad de los dueños reales del predio.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, durante la conferencia de prensa de ayer, que no se distrajeran en la investigación de los dueños o responsables de administrar la mina y que se priorizara el rescate de los mineros atrapados.

“Las investigaciones sobre los responsables, los permisos, las inversiones, todo eso lo estamos dejando para después; ya tenemos la información básica, ya sabemos quiénes tenían las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, todo, pero no hablemos de eso ahora; vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos básicamente”, pidió el mandatario.

Los legisladores Napoleón Gómez Urrutia y Armando Guadiana señalaron que ante la tragedia de los 10 mineros atrapados en una mina de Coahuila, existe una responsabilidad directa del gobierno de Miguel Riquelme.

Consultados por separado, señalaron que en una región con actividad minera tan importante se deberían de hacer mayores revisiones y establecer una mayor coordinación con las autoridades federales, por lo que también señalaron la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de atender el tema.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, quien preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, señaló que el gobierno que encabeza Riquelme tiene la responsabilidad de coordinarse con la Federación en la revisión de todas las minas que se encuentren en operación, para evitar este tipo de incidentes.

“Ellos también deberían colaborar con la Secretaría del Trabajo, como todos los gobiernos, pero principalmente en Coahuila, la región carbonífera de Coahuila es la más rica para la explotación de carbón”, aseveró.

Por ello, cuestionado respecto a si el gobernador de Coahuila tiene alguna responsabilidad de la tragedia, subrayó: “Si se comprueba que uno de los dueños de la concesión es la subsecretaria de Trabajo del gobierno del estado, pues es algo que demanda una investigación mayor y una obligación de hacer cumplir la ley y que todo el mundo la respete”.

Por su parte, el senador por Coahuila, Armando Guadiana, aseveró que la tragedia registrada es producto de la irresponsabilidad que incumplió con la previsión y la supervisión de la mina.

“Hubo falta de previsión y de supervisión desde la Secretaría del Trabajo federal y también la estatal, eso es una realidad y los que pagan las consecuencias son los mineros”, aseveró.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, lamentó la tragedia y dijo que antes de emitir una opinión culpabilizadora, se debe esperar a que se realicen las investigaciones respectivas, exigencia en la que, en su momento, dijo, el Senado podría intervenir.

“Es muy triste de cualquier ángulo que se vea, es una tragedia humana, y hay que hacer las revisiones y las investigaciones pertinentes antes de emitir una opinión fuerte o culpabilizadora”, declaró.

“Sabemos lo que es y las horas que han pasado, pero todavía tenemos fe en que estén vivos… Mucha gente dice que hay que hacernos fuertes y asimilar que ya pasó algo, pero nosotros, como familia, esperamos el milagro”, dijo Juana Tijerina, hermana de uno de los 10 trabajadores que quedaron atrapados en la mina de carbón que colapsó en Sabinas, Coahuila.

Las esperanzas de que Hugo, su familiar, y los demás mineros, sean rescatados con vida tras 34 horas —al cierre de esta edición— de labores cumplidas, dependen de la capacidad que las bombas de succión instaladas tengan para desahogar el agua que inundó el área donde ellos trabajaban, en el momento en que la mina El Pinabete se venció.

La jornada de ayer transcurrió sin la certeza de que en el pozo se encuentren sólo 10 personas y que, además, éstas sigan con vida, aunque autoridades, compañeros de los mineros y sus familiares esperan que los trabajadores se encuentren resguardados en los denominados espacios de respiro.

Al ser una mina de pozo, su estructura vertical presenta determinadas particularidades que requieren la operación de equipos y estrategias de rescate diferentes a las aplicadas en el 2021, cuando el colapso de otra mina en el estado cobró la vida de siete hombres, refirió el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien señaló que las condiciones del espacio en el que los trabajadores se encuentran atrapados son desconocidas, debido a que los planos no están actualizados.

En la jornada de ayer, las labores implicaron la utilización de barrenos para perforar la superficie y así poder introducir bombas sumergibles de alta capacidad, con las que se extrajo el líquido.

De acuerdo con la última precisión de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, la altura del agua descendió de 34 a 23 metros de altura.

Hacia las cinco de la tarde, las autoridades estatales ya contaban con ocho bombas especializadas y, por la noche, la secretaria del Trabajo del estado, Nazira Zogbi, rindió el último informe del día, del cual sólo se desprende la llegada de 13 nuevas bombas enviadas por autoridades de estados como Querétaro y San Luis Potosí.

En el mensaje que brindó la acompañaron dos trabajadores de las minas, quienes forman parte del equipo técnico y que externaron la esperanza de poder acelerar el bombeo del agua con los nuevos equipos, pues reconocieron que el avance ha sido lento.

En el reporte, las autoridades estimaron que será este viernes cuando el equipo de buzos pueda ingresar a la zona; sin embargo, esto dependerá del avance en la extracción del agua.

A los esfuerzos se sumaron más de 260 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto a autoridades del estado y del municipio.

Debajo de unas carpas blancas que fueron instaladas alrededor de la zona, la cual permanece acordonada y vigilada, familiares y amigos de los mineros se mantuvieron en espera de recibir informes.

Con información de J. Chaparro, Y. Bonilla y M. Juárez