Buscan acelerar blindaje para 11 reformas de la 4T

Morena en la Cámara de Diputados buscará acelerar el aval de un dictamen que blindaría las reformas de la Cuarta Transformación, en la víspera de que sean discutidas algunas de ellas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dictamen evitaría que la Corte anule las reformas y así éstas sean validadas automáticamente cuando el pleno no alcance los ocho votos que se requieren para declarar su inconstitucionalidad.

Esta acción se da ante la proximidad de las sesiones en las que el alto tribunal discutirá al menos 11 de las reformas que Morena y aliados en el Congreso aprobaron en el llamado “viernes negro” y contra las que la oposición presentó acciones judiciales por considerar que son regresivas y que se violó el proceso legislativo.

Ayer circuló el citatorio girado a petición de las y los secretarios del bloque de la 4T en la Comisión de Justicia de San Lázaro, presidida por el panista Felipe Macías Olvera, para que dicho órgano sesione el jueves 15 de febrero a las 11:00 horas y se discutan las reformas a los artículos 42, 43 y 72 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, en materia de efectos de las sentencias de acciones y controversias constitucionales.

Y es que los morenistas acusan que el presidente de dicha comisión legislativa no ha querido convocar a sesión, por lo que los secretarios se basaron en artículos como el 151 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en donde se apunta que la Secretaría de la Junta Directiva puede citar a reunión cuando el titular no lo realice.

En lo concerniente al proyecto que se quiere echar a andar, en su artículo 42 se propone que cuando el pleno de la Corte no sume los ocho votos (de 11) necesarios para invalidar algún acto impugnado (reforma, ley, decreto, entre otros), no sólo se desestime la controversia, sino que se declare en automático la validez de las normas impugnadas y contra las cuales, además, no se podrá promover juicio o recurso legal alguno.

En el artículo 43 se agrega un párrafo para que las autoridades jurisdiccionales no puedan utilizar los argumentos que se expongan en dichas sentencias no aprobadas para invalidar, anular o desaplicar actos o normas generales ni tampoco para admitir demandas de amparo, juicio o recurso alguno.

Por último, en un artículo transitorio se instruye a que los juicios o recursos de amparo en trámite y que hayan sido impugnados —como la discusión de las 11 reformas morenistas avaladas sin discusión y en poco tiempo de votación, sin la participación de la oposición— sean sobreseídos; es decir, que se ponga fin al asunto.

Lo anterior permitirá que con sólo cuatro ministros que no voten por la invalidez de alguna reforma, ley o decreto que sea controvertido, éste se declare constitucional y así quede blindado.

Al tratarse de una reforma a una ley secundaria, Morena, PT y PVEM podrán aprobarla sin obstáculo, debido a que cuentan con los votos para hacerla pasar en el Congreso, al no requerir mayoría calificada (dos terceras partes).

Este proyecto fue criticado por la oposición. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a Morena de ver en las leyes un “estorbo”.

“Al Gobierno de Morena le estorba la ley. Ahora pretenden seguir violentando a la @SCJN para lograr que con tan solo 4 de los 11 votos puedan declarar válidas las reformas que han impulsado y que dañan gravemente a México. Pero no se detienen ahí, ahora se atreven a difamar a las Ministras y Ministros señalando sin pruebas supuestos nexos con presuntos criminales.

“La realidad es que Morena continuará sus ataques a las instituciones de nuestro país, y el PRI seguirá firme defendiendo los derechos y libertades de los mexicanos”, escribió en redes.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Felipe Macías, desconoció la convocatoria, a la cual calificó como ilegal. Aseguró que no permitirá que el órgano se preste para dictaminar iniciativas “flagrantemente inconstitucionales”, pues acusó a Morena de querer empujar proyectos que atentan contra la libertad, democracia y autonomía de la Corte, así como atentar contra el derecho de los ciudadanos para ampararse ante actos injustos.