Bajo presupuesto y deudas pegan a los refugios para mujeres, dice RNR

Con un incremento presupuestal previsto de apenas 0.6 por ciento, retención de 80 por ciento de los recursos federales que reciben, endeudamientos y una creciente demanda, que en el último año alcanzó 16 por ciento más, los 75 refugios del país, en los que hoy reciben atención más de 28 mil mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género, se encuentran en una situación de agravio, revictimización y “violencia institucional”.

En el preámbulo del análisis y construcción del Paquete Económico 2023, la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, alertó que desde el inicio de esta administración federal, los aparentes aumentos presupuestales no han sido de gran ayuda para atender en su totalidad o resolver la problemática que a diario viven 28 mil mujeres y menores de edad que son recibidas y asistidas en alguno de los 75 refugios nacionales; peor aún, dijo, la falta de entrega de los recursos públicos a tiempo los afectó más.

Las cifras oficiales muestran pequeños incrementos de los presupuestos de Egresos de la Federación anuales para los refugios. En el año 2021 (cuando deja de ser acción y lo convierten en programa) fue de 405 millones 3 mil 761 pesos; en 2022, de 420 millones 203 mil 440 pesos; ambos estaban en el Ramo 20 de Bienestar. Para el siguiente año, el esquema fue trasladado al Ramo 4 de Gobernación y el proyecto de recursos es de 443 millones 719 mil 953 pesos.

Wendy Figueroa aclaró que estos presupuestos tuvieron incrementos, los cuales no fueron de acuerdo con la inflación que cada año deben ser calculados con un aumento mínimo del seis por ciento. En términos reales, del 2022 al proyecto del próximo año el incremento “apenas sería del 0.6 por ciento”, aseguró.

Además, la directora de la Red Nacional de Refugios denunció: “Este año llegó muy tarde el presupuesto; esa ha sido una de nuestras exigencias; al día de hoy, hay dos refugios que no han recibido su financiamiento de la primera ministración y es muy lamentable porque estamos a dos meses de finalizar el año fiscal”.

En general, esto representa no haber ejercido, al primer semestre del año, el 80 por ciento de los recursos para todo el programa, explicó.

Advirtió que esto las llevará a los “subejercicios”, pues el retraso de la entrega provocó el endeudamiento de las organizaciones de la sociedad civil que ahí laboran; “se vieron en la necesidad de pedir prestado, buscar otras fuentes de financiamiento internacionales, para poder cubrir algunos gastos, como los honorarios de quienes prestan servicios y los proveedores que surten productos”.

Además, esto se complicó porque en el 2020 y el 2021 se tuvo un incremento del 50 por ciento en la atención y servicios para mujeres, niñas y niños, en estos refugios; por causas de la pandemia, se incrementó la violencia, mencionó.

En este año subieron 16 por ciento los casos; “pareciera que iba a disminuir y esto no ha pasado”, expuso Wendy Figueroa.

Dio a conocer que la Red Nacional de Refugios tiene 75 espacios de protección y atención; en ellos hay más de 28 mil mujeres, niñas y niños que reciben atención, lo cual implica acompañamiento integral, jurídico, social, pedagógico, médico, además de llevarlos a hospitales especializados.

Pese a todas las adversidades, no se cerró ningún refugio ni se limitaron los accesos; sin embargo, se tuvieron que restringir algunas cosas; por ejemplo, con los estudios de una nutrióloga, los menús se cambiaron. “Si antes se comía cinco veces a la semana carne de cualquier tipo, ahora son tres días”. También, se tuvieron que posponer algunos servicios, como consultas dentales o servicios jurídicos.

Wendy Figueroa dijo que hay algunos endeudamientos, con los que las organizaciones y los refugios deben hasta 200 mil pesos; otros deben varios meses de alimentos a los proveedores.

“Son deudas que no se pueden pagar con los recursos del Gobierno federal, porque se debe justificar el pago y un proveedor no puede facturar con una fecha retrasada de junio; entonces, una organización civil es quien absorbió la deuda”, mencionó.

Los refugios son pagados en 70 u 80 por ciento con recursos públicos; el resto corresponde al apoyo de organizaciones civiles. En algunos de ellos, consideran que ya no utilizarán las ministraciones porque, a dos meses de concluir el año fiscal, no se pueden gastar ya que es un tema de planeación y programación.

La liberación tardía de las ministraciones se convirtió en una trasgresión a los derechos humanos y una “violencia institucional”, calificó.