Avalan en Senado crear polémico Fondo de Pensiones del Bienestar

El reloj marcó las 12:54 cuando con 69 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano, la aplanadora de la 4T en el Senado de la República logró superar la última barrera para aprobar el dictamen de la ley para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar.

El fideicomiso, para cuya integración el Gobierno federal va a disponer en forma automática de los saldos no cobrados en las cuentas de retiro de los adultos mayores de 70 años, iniciará con 40 mil millones de pesos de dichas afores inactivas en los últimos 10 años, además de recursos aún no cuantificados provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otras fuentes.

El debate entre los legisladores se dio en una convulsionada sesión, en la que hubo una dura confrontación entre las fuerzas parlamentarias antagónicas.

En el recinto, la consumación de la reforma en materia de pensiones, con la que se pretende que quienes se jubilen con la ley del 97 reciban el 100 por ciento de su salario como pensión, fue definida por Germán Martínez, del Grupo Plural, como un “huachicoleo de las cuotas obrero-patronales”, tras evocar tiempos del debate del 2018.

En contrasentido, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia, defendió el fondo de pensiones, pues “evitará que las Afores administren dinero que no es suyo y cobren comisiones”.

Además, dijo estar hablando por “los 36 millones de personas del sector formal, los más de cuatro millones de pensionados del Seguro Social y por los más de un millón 230 mil pensionados y jubilados del ISSSTE, así como por todas las familias”, pues será dignificado su retiro y descanso, señaló. Mientras tanto, la panista Lily Téllez mostró un cartel de “se busca” y la fotografía de Citlalli Hernández.

Con más serenidad, la senadora priista Beatriz Paredes hizo una reflexión: “En primer lugar, las reformas hechas a vuelo de pluma, sin pulcritud jurídica, sin concatenación adecuada del articulado que se ha reformado con vicios de procedimiento, en ningún momento garantizan que los recursos que se confiscan, que se decomisan a los trabajadores, se van a reintegrar a los trabajadores”.

Le recriminó al gobierno querer tener un derecho no correspondido sobre el patrimonio, producto del esfuerzo de los trabajadores, el cual, a través de los años, ha sido convertido en ahorro. No puede “confiscárseles, con la hipotética presunción o el discurso de que servirá para fortalecer un Fondo de Pensiones para el Bienestar”, dijo.

En medio de la discusión, el morenista César Cravioto hizo alusiones personales y le reclamó al perredista Miguel Ángel Mancera el dinero de reconstrucción de los sismos del 2017. El del sol azteca, visiblemente enojado, emprendió camino al escaño de Cravioto y discutieron hasta llegar a un pequeño manoteo. Ricardo Monreal y la senadora tabasqueña Mónica Fernández pararon el pleito.

Es necesario poner atención a la forma de sustentar este fondo, planteó Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, puesto que “vemos cómo se pretende financiar este fondo. Pretenden financiar primero con los 40 mil millones de pesos. Quieren incluir las utilidades. ¿Cuáles? ¿Cuáles utilidades?, por favor, del AIFA, de Mexicana de Aviación, del Tren Maya; ninguna de esas empresas en los próximos años, muchos años, van a tener posibilidad de retirarles un solo peso; al contrario, están demandando más recursos”.

“Esto que se está tomando hoy, simplemente lo van a desaparecer, se lo van a robar a los trabajadores mexicanos”, advirtió el líder de la bancada panista, al apuntar desde la tribuna al grupo parlamentario defensor de la Cuarta Transformación, pues el recurso obtenido “no es de Morena, no es de sus partidos políticos, mucho menos del Presidente”, dijo; es de los ahorradores, anotó.

Luego de aprobarse en lo general y lo particular, hubo un frijolito en el arroz posterior a la lectura de la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, quien citó el artículo 211 del “Reglamento del Senado de la República”, como parte de la técnica parlamentaria, el cual establece: “Una vez aprobado un dictamen con proyecto de ley o decreto no puede modificarse, salvo para hacer las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de los textos y que son ordenadas por la Mesa. Dichas correcciones sólo las pueden realizar las comisiones dictaminadoras”.

De nuevo volvió el debate convulso por las correcciones para el buen lenguaje y la claridad de los textos. El senador Germán Martínez del Grupo Plural, le recordó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara alta que, en caso de hacer alguna modificación al dictamen aprobado y ser documentos oficiales “tenemos preparados la denuncia penal si están alterados estos asuntos”.

Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, defendió a Servicios Parlamentarios e instó a que las correcciones sean compartidas con los diversos grupos parlamentarios: “El que nada debe, nada teme”, aseveró. Finalmente se enviará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.