Auditoría detecta irregularidades en Liconsa por $258 millones

De nueva cuenta, Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) volvió a presentar irregularidades en el manejo de los recursos, luego de que en la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala nuevas observaciones por 258 millones 41 mil pesos.

En los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2021 que la ASF presentó ayer a la Cámara de Diputados, detalló que se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 202 millones 797 mil 887 pesos, “por no comprobar la prestación de los servicios para la fabricación de productos y derivados lácteos”, los cuales se elaboraron entre el 9 de enero y al 19 de agosto del 2020.

A pesar de no recibir los productos, el 8 de octubre de 2021, Liconsa pagó a los proveedores 232 millones 772 mil 65 pesos. La ASF dijo que este pago no “permite identificar que se encuentre relacionada con los tres convenios de colaboración, con las 10 facturas, ni con las cantidades en kilos señaladas en el ‘Acta Finiquito’, por lo que únicamente se comprobó la entrega de un millón 363 mil 615 kilos de leche transformada en polvo, mientras que el contrato se había firmado por un millón y medio de kilogramos de leche en polvo.

En el informe entregado a los legisladores, se señala que “Liconsa realizó pagos por 55 millones 243 mil 200 pesos por concepto de pago a trabajadores, sin que exista constancia de las labores desempeñadas en las unidades administrativas u operativas de la empresa estatal. Tampoco se aclara a que área fueron adscritos.

La auditoría advierte que, con base en la información proporcionada por los funcionarios de Liconsa, que incluye “las bases de datos de personas contratadas bajo los esquemas de sueldos y salarios y asimilados a salarios” no sustentan que éstas hayan prestado el servicio, ya que no se acreditó la designación de enlaces internos ¡ por parte de la Gerencia de Recursos Humanos que dieran seguimiento de las altas, bajas y movimiento de personas.

Se encontró que las listas de asistencia carecieron de la validación del jefe directo o titular del área en la cual se encontró asignado el personal; no se proporcionaron informes de actividades individuales, y las personas entrevistadas informaron que no hubo registros de asistencia y que la hora de entrada, salida y los informes de actividades se precargaron en un sistema.

Por lo que no resulta convincente, añade, que el personal haya realizado las actividades, y que éstas se vinculen a las que correspondan a cada una de las unidades administrativas u operativas en las que hubieran sido asignadas, por lo que determinó que realizó “pagos no justificados”.

Adicionalmente, disminuyeron los beneficiarios, en comparación con el año pasado, lo que significó que sus compras de insumos cayeran hasta 35 por ciento.Por ello, al hacer una revisión y comparación entre el ejercicio del presupuesto y los montos comprometidos por la dependencia, se detectó subejercicio por tres mil 798 millones 538 mil pesos, obtenidos por la venta de la leche a los consumidores, 65.6 por ciento de las metas programadas en las ventas en 2021, debido a una disminución del Padrón de Beneficiarios.

La Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa informó que las ventas cayeron en 337 mil 427 millones 200 mil pesos, esto obligó a la dependencia a recortar su producción y reducir sus compras por 2 mil 107 millones 690 mil pesos, es decir, el 55.5% del subejercicio corresponde a la partida 2300 “Materias primas y materiales de producción y comercialización”.

La ASF recordó que en las cuentas públicas 2018 a 2020, la empresa fue objeto de dos auditorías de cumplimiento, y una más de cumplimiento “forense”, en la que se comprobó el desvío de recursos públicos y se emitió una solicitud de aclaración por cuatro mil 721 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene pendientes por aclarar 57 millones 651 mil 970.62 pesos, además de que registró anomalías en la administración de los recursos de fideicomisos.

De acuerdo con la Segunda Entrega de Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, encontró 14 resultados importantes de la revisión que realizó, de las cuales emitió siete recomendaciones, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones, dejando pendiente la posibilidad de que se sienten responsabilidades penales.

Señaló que en las erogaciones del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces), se observó que comprometió 97 millones 616 mil pesos después del plazo establecido en el decreto del 6 de noviembre de 2020, correspondiente a 10 Convenios de Asignación de Recursos.

Agregó que se careció de evidencia que acredite los entregables, así como la prestación de servicios especializados y profesionales para apoyo al Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (Foncicyt), para el seguimiento administrativo, financiero y contable de los proyectos del Fondo Institucional del Conacyt y del Fordecyt-Pronaces, así como en la operación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt), de cinco contratos formalizados con tres prestadores de servicios, por 35 millones 152 mil pesos.

En la contratación del “Servicio integral para el apoyo en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable de los proyectos que sean transferidos al Conacyt, en cumplimiento con la extinción de Fideicomisos y los aprobados por el Programa Presupuestario F003”, no se evidenció que en la investigación de mercado se consideraran al menos dos fuentes, ni se acreditó el medio por el que se obtuvo la información para la selección de los posibles proveedores a los que se les solicitó la cotización , ni se verificó el histórico de contrataciones.

Sobre todo, “se autorizó el pago de los servicios por 22 millones 500 mil pesos, sin acreditar que se efectuó el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable de los proyectos transferidos al Conacyt, como resultado de la extinción de los fideicomisos de los fondos institucionales, mixtos y sectoriales”.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de los recursos públicos por un monto un monto de 10 mil 312 millones 988 pesos, lo cuales quedaron registrados en la Segunda Entrega del Informe Individual del Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.

Al comparecer, vía remota, ante diputados federales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, aseguró que esta segunda entrega se realizó a través de 692 informes individuales.

Aclaró que de la cifra detectada por inconsistencias, 10 mil 312 millones 988 pesos no significa que esa cantidad represente una pérdida o daño al erario, son irregularidades que los entes públicos deben de aclarar ante las autoridades fiscales para que así queden solventados.

Conforme al matriz de los datos básicos del informe, el cual está conformado por 154 hojas, las autoridades de los estados y municipios con irregularidades tendrán que aclarar, durante las próximas semanas, el gasto de 6 mil 675 millones 333 pesos con irregularidades.

Mientras que 3 mil 63 millones 666 pesos, correspondientes a la segunda entrega forman parte de los recursos ejercidos por el Gobierno federal, el Congreso y el Poder Judicial.

De acuerdo máximo órgano fiscalizador del país, los sectores con más pliegos de Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) son: Educación con 215, Infraestructura Social con 40, Salud con 35, Aportaciones a Seguridad Social con 26, Infraestructura Comunicaciones y Transportes 25, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 19, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 18, Saneamiento financiero con 18, Gobernación con 17, así como Agricultura y Desarrollo Rural con16. Dichas acciones podrían derivar en causas penales.

Asimismo, en esta segunda entrega de los informes los sectores que tienen más montos por aclarar son: Empresas productivas del Estado mil 837 millones 028 mil 700 pesos, Educación mil 750 millones 537 mil 500 pesos, Saneamiento Financiero mil 732 millones 376 mil 700 pesos, Seguridad mil 343 millones 804 mil 600 pesos, Infraestructura Social mil 269 millones 807 mil pesos, Participaciones Federales mil 022 millones 599 mil 800 pesos, Infraestructura Comunicaciones y Transportes 762 millones 920 mil pesos, Aportaciones a Seguridad Social 366 millones 086 mil 700 pesos, Agricultura y Desarrollo Rural 268 millones 225mil 600 pesos y Salud 168 millones 369 mil 900 pesos.

Durante su mensaje ante los legisladores de todos los partidos políticos aseguró que la ASF en los últimos meses interpuso más de 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos en los que se ha considerado que las irregularidades constituyen delitos, sin dar los pormenores de los entes públicos que cayeron en esta situación.

“Continuaremos en el proceso de presentación de denuncias penales de manera constante considerando lo establecido por la Ley en el sentido de que deben presentarse cuando se tengan todos los elementos para tal efecto y cuando concluyan los procesos legales administrativos”, advirtió.

La auditoría, dijo, mantiene una excelente coordinación y relación en el ejercicio de sus atribuciones con la FGR lo cual ha permitido avanzar favorablemente en diversos temas relacionados con la defensa del patrimonio público.

Como parte de esa defensa y recuperación del patrimonio público, David Colmenares informó en su comparecencia que entre las acciones de fiscalización realizadas por esa instancia se lograron recuperar de la Cuenta Pública 2021, hasta su segunda entrega de informes, más de mil 830 millones de pesos, a favor de la Tesorería de la Federación (Tesofe) del gasto federalizado.

“Cifra que, si es comparada con el presupuesto autorizado a la Auditoría Superior de la Federación implica que se recuperaron solo en esta materia 92 centavos de cada peso que nos fue otorgado presupuestalmente”, acotó.

Mencionó que el segundo informe permite “tener revisiones de mayor horizonte en virtud de que la fiscalización superior es una de las herramientas más versátiles de las que dispone el Estado mexicano para supervisar su propio funcionamiento y promover el cumplimiento de los objetivos planteados en sus políticas y programas”.

“Estamos claros que no hay democracia sin rendición de cuentas, y no hay rendición de cuentas sin fiscalización confiable, por ser neutral, eficaz y eficiente”, consideró.

El auditor reiteró que la fiscalización superior es la herramienta necesaria para disuadir conductas indebidas en el ejercicio del gasto público de los entes auditados y, por otro lado, ayuda a profesionalizar la función pública en todos los órdenes de gobierno.