ASF: Segalmex, Liconsa y Diconsa suman anomalías por 15 mil mdp

Durante 2021, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa incurrieron en un presunto daño a la hacienda pública por dos mil 594 millones 359.8 mil pesos, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe consolidado de la Cuenta Pública de ese año.

En suma, desde el 2019, este órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados ha identificado probables perjuicios al erario por 15 mil 401 millones 11 mil pesos cometidos por Segalmex y sus filiales, lo cual duplica el monto de uno de los escándalos de corrupción más grandes conocidos en el país: La Estafa Maestra, que representó un desfalco por siete mil 600 millones de pesos.

La paraestatal fundada en el 2019 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la autosuficiencia alimentaria de maíz, trigo, arroz y frijol cometió un probable daño por 884 millones 207.1 mil pesos, los cuales aún tendrá oportunidad de aclarar en las semanas siguientes.

Lo anterior deriva de dos auditorías practicadas al órgano desconcentrado que hoy encabeza Leonel Cota Montaño.

En la primera, la ASF refiere que Segalmex debe aclarar el destino de 106 millones 881.8 mil pesos por concepto de la gestión financiera de la compraventa de maíz y su control en inventarios.

La auditoría explica que 106 millones 759 mil 702 pesos corresponden a incentivos otorgados a medianos productores, sin acreditar que éstos contaran con las facturas y los instrumentos de administración de riesgos a nombre de los productores.

Identificó 122 mil 93 pesos por aclarar que corresponden a nueve mil 230 toneladas de maíz blanco siniestradas y de las que no se acreditó una notificación a la afianzadora para hacer válido el seguro, y por otras 11 toneladas de las que no se acreditó su entrada a un centro de acopio.

En la segunda auditoría, se detectó un probable daño por 777 millones 325.3 mil pesos por diversas irregularidades como pagos realizados que no se comprobaron por el arrendamiento de equipos de laboratorio, transportadoras y por servicios no devengados, entre otros.

En cuanto a Diconsa, el monto por aclarar es de mil 462 millones 111.6 mil pesos, a causa de mercancía que caducó, en mal estado o que no se desplazó y que se encontró en los almacenes centrales, así como la falta de justificantes de recuperación del dinero entregado a cuatro mil 321 tiendas de baja rentabilidad y el otorgamiento de contratos cuyos servicios adquiridos no se comprobaron.

Para Liconsa, el monto por justificar es de 258 millones 41.1 mil pesos. La ASF advierte en su diagnóstico que si la empresa no logra mantener o aumentar sus ventas netas y disminuir los costos de lo vendido y los gastos de operación antes de recibir recursos fiscales del Gobierno federal, estará en riesgo de no cumplir con sus objetivos.

“De 2016 a 2021, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que en Liconsa, S.A. de C.V., persisten deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, la cobertura del programa, la confiabilidad y claridad de la información financiera y la contribución del programa que, de continuar, seguirán limitado el cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Social de Leche”, advirtió la ASF.

Al presentar el informe a la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el auditor David Colmenares explicó que se han presentado 12 denuncias relacionadas con las cuentas públicas 2019 a 2020 a causa de las operaciones de Segalmex.

Sobre el tema también hizo hincapié el diputado del PRD Marcelo Castañeda, quien advirtió que los informes respecto a la paraestatal serán revisados con detenimiento, así como los programas sociales, sobre los que acusó una presunta operación discrecional.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó en la Cuenta Pública 2021 probables daños al erario por 64 mil 835 millones 137 mil pesos, de los cuales únicamente dos mil 994 millones 803 mil lograron ser solventados.

En el informe consolidado de las tres entregas de ese año, se apunta que secretarías, gobiernos y los Poderes de la Unión aún tienen por aclarar el ejercicio de 61 mil 840 millones 334 mil pesos.

De éstos, 836 millones 253 mil pesos corresponden a la primera entrega; 10 mil 312 millones 988 mil, a la segunda. Sobre la tercera, apuntó que se observaron 53 mil 042 millones 569 mil como probable perjuicio a la Hacienda, de los que únicamente se recuperaron dos mil 351 millones 477 mil, por lo que aún quedan por aclarar 50 mil 691 millones 92 mil pesos.

La mayor proporción de montos por subsanar yace en el Gasto Federalizado, es decir, en los recursos que el Gobierno transfiere a los estados y municipios, que deberán especificar el destino de 52 mil 311 millones 913 mil pesos, es decir 84.4 por ciento del total.

Se detalló que se realizaron dos mil 50 auditorías, de las que mil 689 fueron al Gasto Federalizado; 97 al sector de Gobierno; 119 al Desarrollo Social, y 145 al Desarrollo Económico.

Como efecto de la observaciones se promovieron cinco mil 478 acciones, de las cuales dos mil 317 fueron recomendaciones; 115 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 191 solicitudes de aclaración.

A pesar de que el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) ejerció en el 2021 10.7 por ciento más del presupuesto que se le aprobó y que superó la meta de planteles que beneficiaría, lo cierto es que se hizo sin evaluar el cumplimiento de sus objetivos para garantizar la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, la superación de las desigualdades entre escuelas y la permanencia de los alumnos.

La tercera entrega de la Cuenta Pública 2021 que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, da cuenta de múltiples omisiones o incumplimientos en la operación del programa con el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) bajo el argumento de que con éste se incurría en actos de corrupción.

El órgano fiscalizador observó que con el LEEN se cometió un presunto daño al erario por 202 millones 700 mil de pesos, pero éstos lograron ser subsanados, por lo que no hubo monto por aclarar.

En 2021, la SEP ejerció en LEEN mil 310 millones 276.5 mil pesos por arriba de los 12 mil 280 millones 250 mil pesos que se le aprobaron originalmente. Además, benefició a 68 mil 665 planteles públicos de educación básica, lo cual fue 29.6 por ciento más que los 53 mil planificados.

Sin embargo, no dispuso de las actas de integración de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), que se conforman principalmente por madres y padres de familia que se encargan del gasto de los recursos que cada escuela recibe en función de las necesidades.

Además de esto, la SEP no acreditó las obras de mantenimiento, rehabilitación o construcción en dichas escuelas, ni el mobiliario y material didáctico adquirido.

En 17 de los 32 planteles analizados se encontró que las obras reportadas no correspondieron en todos los casos con las necesidades diagnosticadas, por lo que los apoyos entregados no se enfocaron en resolver las carencias que ahí padecían.

Los CEAP también debían integrar expedientes de actividades, pero la SEP sólo dispuso de los reportes de 6.9 por ciento de los planteles. La dependencia argumentó la falta de visualización del resto por el cambio de plataforma que se hizo en 2022 y a que tampoco los resguardó para llevar un control y evaluación.

Aparte, la Secretaría sí revisó 500 expedientes de los CEAP e identificó el incumplimiento de documentos para sustentar la incorporación de los planteles al programa, el gasto de recursos.

Aunado a esto, no implementó medidas para que dichos incumplimientos fueran subsanados, o que los hechos derivaran en la cancelación de los apoyos, promoción de medidas administrativas o hasta penales.

Entre las irregularidades económicas identificadas, se apuntó la dispersión de apoyos duplicados a cinco beneficiarios por un millón 150 mil pesos, así como un millón 500 mil pesos a tesoreros de siete CEAP que fallecieron en 2020, sin que haya evidencia que los recursos se canalizaran a los nuevos tesoreros para su aplicación conforme al programa.

Además, en 75 planteles beneficiarios, por conducto de los Comités, no se aplicaron todos los apoyos del programa debido a que algunos tesoreros tomaron los recursos sin devolverlos o adquirieron bienes no permitidos en los lineamientos del programa.

La Auditoría de Cumplimiento 2021-5-12R00-19-0040-2022, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2021, detectó debilidades e irregularidades en el control y supervisión de los recursos ejercidos para la recepción, almacenamiento y distribución de vacunas Covid-19, respecto a dos compañías que no son especificadas.

“No señalaron, en algunos casos, la temperatura con las que se recibieron las dosis y el número de lote correspondiente”, dijo el informe, que detalló los formatos utilizados para sustentar la recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas almacenadas por los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex).

En el informe de la auditoría realizada al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) se indicó que, además, se revisaron cuatro mil 661 millones 410 mil pesos de los recursos ejercidos relacionados con la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.

Sin embargo, no se realizó el “seguimiento oportuno de las notificaciones efectuadas por Birmex respecto de las acciones por realizar de las dosis de las vacunas próximas a caducar y que se encontraban bajo su resguardo”.

Además, en 2022, la Secretaría de Salud informó que 5.4 millones de dosis habían caducado, lo que representa 2.07% por ciento del total de biológicos en el país, y que se encontraban bajo resguardo de Birmex.

Respecto de la distribución de las dosis a las entidades federativas, “existen incongruencias entre la información proporcionada por los 32 Coordinadores Estatales de la Brigada Especial (Correcaminos) y la base de datos emitida por el Censia, toda vez que se reportaron cantidades de más, de menos, o bien, sin registrar”.

Asimismo, entre las deficiencias en la estrategia para la inmunización contra Covid-19, la Auditoría Superior detectó pagos dobles, así como vacunas sin registrar, dosis caducas en almacenes y la falta de un fiel registro de las personas vacunadas.

Pese a la inversión por mil 085.5 millones de pesos para la implementación del pasaporte electrónico, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías, incluidas en las tareas que le corresponden al Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con el informe consolidado de fiscalización a la Cuenta Pública 2021 entregado por la ASF a la Cámara de Diputados, al fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) se encontró que el 21.4 por ciento de las prácticas tienen un bajo nivel de cumplimiento o es parcial.

En el caso del pasaporte electrónico, pese a que lo puso en marcha la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las fallas también fueron detectadas en el instituto.

“A la fecha de la auditoría, el Instituto Nacional de Migración no realiza la autenticación de los pasaportes en los puntos de control migratorio mediante medios electrónicos, tampoco proporcionó un plan para el despliegue en territorio nacional de la infraestructura que permita la lectura de los pasaportes electrónicos”, establece.

El informe de la auditoría —que señala se emitió el día 15 de junio del 2022, fecha de conclusión de los trabajos de revisión— establece, en el apartado relativo al alcance, que en términos generales la Secretaría de Relaciones Exteriores cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

Sin embargo, observó un conjunto de anomalías en diversos aspectos, como el relacionado con el servicio para el desarrollo, actualización, mantenimiento y soporte de aplicaciones, así como el incumplimiento del personal asignado por el proveedor en las tareas asignadas.

Precisamente apunta que se hizo una erogación de mil 085.5 millones de pesos para diversos gastos de este rubro, que se pagó en su totalidad.

“Respecto a los servicios integrales de apoyo para la migración y emisión del pasaporte mexicano electrónico, se carece de procedimientos institucionales para la solicitud de consumibles que podría propiciar retrasos en la operación del punto de emisión de pasaportes; en las delegaciones y consulados se identificó que los inventarios no se encuentran actualizados, así como la falta de utilización de los dispositivos”, señala.

Lo mismo apunta el incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Migración y las fallas en la gestión de las TIC, que por lo que se observa, tienen un bajo nivel de cumplimiento, 21.4 por ciento, o es sólo parcial.

“Respecto a los servicios integrales de apoyo para la migración y emisión del pasaporte mexicano, se debe mejorar el seguimiento de las unidades administrativas para la administración del servicio, así como en la medición de los niveles de servicio para la aplicación de penalizaciones y deductivas”, subraya la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública 2021, que ayer fue entregado a la Cámara baja.