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ASF detecta irregularidades superiores a los 10 mil 312 mdp

No significa daño al erario, sino inconsistencias por aclarar, afirma David Colmenares Páramo; en los estados y municipios se hallan las mayores anomalías
  • Por Redacción

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de los recursos públicos por un monto un monto de 10 mil 312 millones 988 pesos, lo cuales quedaron registrados en la Segunda Entrega del Informe Individual del Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.

Al comparecer, vía remota, ante diputados federales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, aseguró que esta segunda entrega se realizó a través de 692 informes individuales.

Aclaró que de la cifra detectada por inconsistencias, 10 mil 312 millones 988 pesos no significa que esa cantidad represente una pérdida o daño al erario, son irregularidades que los entes públicos deben de aclarar ante las autoridades fiscales para que así queden solventados.

Conforme al matriz de los datos básicos del informe, el cual está conformado por 154 hojas, las autoridades de los estados y municipios con irregularidades tendrán que aclarar, durante las próximas semanas, el gasto de 6 mil 675 millones 333 pesos con irregularidades.

Mientras que 3 mil 63 millones 666 pesos, correspondientes a la segunda entrega forman parte de los recursos ejercidos por el Gobierno federal, el Congreso y el Poder Judicial.

De acuerdo máximo órgano fiscalizador del país, los sectores con más pliegos de Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) son: Educación con 215, Infraestructura Social con 40, Salud con 35, Aportaciones a Seguridad Social con 26, Infraestructura Comunicaciones y Transportes 25, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 19, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 18, Saneamiento financiero con 18, Gobernación con 17, así como Agricultura y Desarrollo Rural con16. Dichas acciones podrían derivar en causas penales.

Asimismo, en esta segunda entrega de los informes los sectores que tienen más montos por aclarar son: Empresas productivas del Estado mil 837 millones 028 mil 700 pesos, Educación mil 750 millones 537 mil 500 pesos, Saneamiento Financiero mil 732 millones 376 mil 700 pesos, Seguridad mil 343 millones 804 mil 600 pesos, Infraestructura Social mil 269 millones 807 mil pesos, Participaciones Federales mil 022 millones 599 mil 800 pesos, Infraestructura Comunicaciones y Transportes 762 millones 920 mil pesos, Aportaciones a Seguridad Social 366 millones 086 mil 700 pesos, Agricultura y Desarrollo Rural 268 millones 225mil 600 pesos y Salud 168 millones 369 mil 900 pesos.

Durante su mensaje ante los legisladores de todos los partidos políticos aseguró que la ASF en los últimos meses interpuso más de 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos en los que se ha considerado que las irregularidades constituyen delitos, sin dar los pormenores de los entes públicos que cayeron en esta situación.

“Continuaremos en el proceso de presentación de denuncias penales de manera constante considerando lo establecido por la Ley en el sentido de que deben presentarse cuando se tengan todos los elementos para tal efecto y cuando concluyan los procesos legales administrativos”, advirtió.

La auditoría, dijo, mantiene una excelente coordinación y relación en el ejercicio de sus atribuciones con la FGR lo cual ha permitido avanzar favorablemente en diversos temas relacionados con la defensa del patrimonio público.

Como parte de esa defensa y recuperación del patrimonio público, David Colmenares informó en su comparecencia que entre las acciones de fiscalización realizadas por esa instancia se lograron recuperar de la Cuenta Pública 2021, hasta su segunda entrega de informes, más de mil 830 millones de pesos, a favor de la Tesorería de la Federación (Tesofe) del gasto federalizado.

“Cifra que, si es comparada con el presupuesto autorizado a la Auditoría Superior de la Federación implica que se recuperaron solo en esta materia 92 centavos de cada peso que nos fue otorgado presupuestalmente”, acotó.

Mencionó que el segundo informe permite “tener revisiones de mayor horizonte en virtud de que la fiscalización superior es una de las herramientas más versátiles de las que dispone el Estado mexicano para supervisar su propio funcionamiento y promover el cumplimiento de los objetivos planteados en sus políticas y programas”.

“Estamos claros que no hay democracia sin rendición de cuentas, y no hay rendición de cuentas sin fiscalización confiable, por ser neutral, eficaz y eficiente”, consideró.

El auditor reiteró que la fiscalización superior es la herramienta necesaria para disuadir conductas indebidas en el ejercicio del gasto público de los entes auditados y, por otro lado, ayuda a profesionalizar la función pública en todos los órdenes de gobierno.

La diputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaen-Zermeño, anunció que interpuso una denuncia en la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra del auditor David Colmenares por la omisión de la entrega de informes de la Cuenta Pública 2020.

En conferencia de prensa, Pérez Jaen-Zermeño explicó que la ASF entregó el Informe General de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, pero nueve días antes dio de baja un paquete de auditorías y evaluaciones, entre ellas, una relacionada con la revisión sobre la entrega de medicamentos para el tratamiento del cáncer del Hospital Infantil y otra relacionada con la evaluación de la política educativa en el desarrollo económico de México, durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez.

La legisladora panista aseveró que desde el 31 de marzo requirió esa información directamente al auditor en su comparecencia, la cual se comprometió a entregarla y no lo realizó.

Ante esa negativa, efectuó solicitudes de acceso a la información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia y una vez que le fue entregada la información la ASF en sus respuestas entregó páginas información testada, borradas, sin que pudiera corroborar los datos.

María Elena Pérez Jeaen dijo que tuvo que recurrir, anteriormente, ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativo para interponer una queja contra la ASF por no ser transparentes en el manejo de sus recursos.

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