Aprueba 4T en Senado ley que fija tiempos y reglas para elegir jueces

Entre descalificaciones personales, acusaciones de desaseo al proceso legislativo y advertencias de inconstitucionalidades, la mayoría de Morena y sus aliados PT y PVEM aprobó, en lo particular y lo general, las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), así como del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dan cauce a la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año.

Tras el rechazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum al derecho de veto de los Poderes de la Unión sobre las listas de candidatos de personas juzgadoras, el partido guinda retiró esa reserva; sin embargo, se le otorgaron más poderes a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien sólo estará obligada a someter a la aprobación del Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, mientras las designaciones de directores ejecutivos, titulares de unidades técnicas y otras que le confiera la ley, quedarán a su libre criterio.

El senador Manlio Fabio Beltrones propuso modificar el artículo 45 del dictamen para suprimir el párrafo que quita la facultad al Consejo General del INE de nombrar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto, atribución directa de la presidenta del consejo, pero fue rechazada.

Además, se agregó al dictamen un elemento para que se disponga de medios de publicidad en cada uno de los pasos de la selección de los 10 perfiles, ya sea para ministros, magistrados electorales, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial o para las salas regionales.

Los dictámenes que reforman las leyes secundarias de la enmienda judicial fueron enviados a la Cámara de Diputados.

En una sesión larga de 10 horas y media, los senadores avalaron la Legipe, en lo general, con 81 votos a favor y 40 en contra, para dar claridad a la elección de las personas juzgadoras a nivel federal y en los estados, que se realizará en dos etapas: la primera el 1 de junio del 2025, y la segunda en el 2027.

Durante la discusión de ambas leyes, el coordinador y vicecoordinador de la fracción morenista, Adán Augusto López e Ignacio Mier, respectivamente, confirmaron la eliminación del veto de los poderes de la unión a las listas que presenten los comités de evaluación de los perfiles para jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros.

López Hernández aclaró que esta fue una decisión de consenso del grupo parlamentario y rechazó que se haya recibido línea desde Palacio Nacional.

“No, aquí no hay línea. Nosotros somos respetuosos, es parte del proceso legislativo, lo explicó ya Ignacio Mier, lo reflexionamos, lo debatimos, lo discutimos al interior del grupo, y acordamos la presentación de reservas”, explicó.

El morenista Javier Corral planteó quitar esa disposición para respetar el contenido de la reforma constitucional “como eje fundamental de la evaluación” de los candidatos, “para que lleguen los mejores y evitar discrecionalidades políticas que terminen dándole la razón a los detractores de la reforma”.

Para la elección de juzgadores, el proyecto estableció varias reglas como: convocatoria y postulación de candidaturas; organización del proceso electoral; propaganda electoral para difundir la trayectoria profesional de las y los candidatos; encuestas y sondeos de opinión; distribución de boletas y materiales electorales.

Asimismo, la observación electoral y acceso a los medios de comunicación; fiscalización de recursos utilizados en campañas electorales y, por último, cómputo, sumatoria y asignación de cargos, así como la calificación y declaración de validez de la elección.

Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN, advirtió: “No podemos ir a un proceso electoral sin reglas previas, sin una legislación que otorgue certeza a quienes van a participar. Estamos haciéndola sobre las rodillas”.

Claudia Anaya, del PRI, calificó las reformas de “cochinero. Aventar a los jueces a querer caer en gracia de una ciudadanía, es aventarlos a un populismo punitivo o a un populismo judicial. Además, se quiere politizar la justicia, se están equivocando terriblemente. Digo, no quieran inventar el hilo negro, ésta es una mala manera de hacer las cosas. ¿Es ésta una reforma del rencor? ¿Es una reforma de venganza?”.

Alejandra Barrales (MC) acusó que se pretende politizar al PJ: “Esto evidentemente trae errores, nos va a llevar a cometer errores, porque no estamos actuando con responsabilidad (…) Aunque ya nos estamos acostumbrando a ver algunos malabares, algunas piruetas, yo sí tengo que reconocer que lo estamos viendo desde ayer, son maromas que yo ya calificaría como de doble mortal hacia atrás”.

De igual manera, el pleno aprobó, en lo general y lo particular, modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para actualizar estos recursos en la elección de los integrantes del PJ.

El juicio de inconformidad (JI) procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales durante el proceso de elección de juzgadores y sólo podrán presentarse por la persona candidata interesada, dentro de los primeros cuatro días posteriores a que el Consejo del INE declare los resultados.

Será competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral resolver los JI, con la excepción de la elección de sus integrantes, en cuyo caso corresponderá a la Suprema Corte atenderlos.

Las causales de nulidad de la elección son: cuando se use financiamiento público o privado más allá de lo legalmente permitido por la Legipe; y cuando partidos o servidores públicos beneficien o perjudiquen indebidamente la campaña de una persona.

Ayer, dos de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se manifestaron en contra de la reforma que Morena y aliados en el Senado aprobaron en comisiones y que le da más poder a la presidenta del órgano autónomo, Guadalupe Taddei, en cuanto a nombramientos.

El consejero electoral Martín Faz Mora acusó que las modificaciones impulsadas por Morena y aliados a la legislación electoral, las cuales pasaron ayer una primera aduana en a Cámara alta, constituyen una vulneración a la funcionalidad del órgano electoral.

Se trata de una modificación que el bloque de la 4T avaló para que a través de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) se amplíen las atribuciones para que la presidencia del INE pueda nombrar a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, los directores ejecutivos y otras áreas técnicas.

Al respecto, Faz Mora dijo que esta modificación fue introducida de manera “subrepticia”, es decir, a escondidas, y aseguró que con ella se atenta contra el funcionamiento colegiado del Consejo General, debido a que las decisiones se toman actualmente con el consenso de sus integrantes y no solamente por la palabra de una persona.

“Introdujo artículos que destruyen el carácter colegiado del Consejo General del INE. Esta reserva que se aprobó en comisiones del Senado otorga a la Presidencia del INE atribuciones unipersonales para nombrar a las direcciones e integrantes de la Junta General”, dijo.

Señaló que esta enmienda también implica que la Junta tenga atribuciones que son exclusivas de los consejeros y del Consejo en su conjunto.

“La ley siempre ha cuidado que estas materias se trabajen a través de comisiones y se aprueben por el Consejo, no por la Junta”, reclamó.

La consejera Carla Humphrey se dijo preocupada por la decisión de los legisladores, por haber sido un tema no planteado en la reforma original que se envió desde la Presidencia.

“Preocupada, observo sesión del @Senadomexicano, que delibera sobre reforma legal que terminaría con la colegialidad del Consejo General del @INEMéxico. Tema ausente en las iniciativas presidenciales pero incluido en Comisiones de última hora”, escribió la consejera en su cuenta de X.

Actualmente hay una encargada de despacho en la Secretaría Ejecutiva del INE, debido a la falta de acuerdos entre los integrantes del Consejo General para el nombramiento de un titular.

Tras expresar su “enérgico rechazo” a la determinación del Consejo de la Judicatura Federal de entregar el listado de jueces y magistrados para la elección extraordinaria 2025, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) acusó al CJF de romper el Estado de derecho y violar la división de poderes, al desacatar las determinaciones judiciales emitidas por el propio Poder Judicial. Además, los juzgadores y demás trabajadores del Poder Judicial también señalaron al consejero Javier Molina, sin aludirlo por su nombre, de haberse “quitado la máscara”.

“El incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma constituye una clara ruptura del Estado de derecho y una violación directa a la división de poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México”, aseguró la Jufed, en un comunicado.

Asimismo, estableció que “el respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”, luego de que el CJF decidió entregar el listado de jueces y magistrados para llevar a cabo la elección del 2025, pese a existir determinaciones judiciales en contra.

También señaló que no se ha establecido un diálogo con los juzgadores directamente involucrados y, por lo tanto, “vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige al país”.

“La implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de derecho y la legitimidad democrática del Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al generar una crisis constitucional”, señaló la asociación.

Al hacer eco del pronunciamiento de jueces y magistrados, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, dijo que la condena de la Jufed es congruente ante la entrega del listado de magistrados y ministros por parte de la Judicatura.

“Es congruente con lo que se le pidió al Consejo de la Judicatura: el respeto a las suspensiones. Porque aun cuando el CJF es nuestro patrón, debe apoyar a sus juzgadores, para eso se formó; el Consejo formó a los juzgadores, el Consejo autorizó los nombramientos de esos juzgadores. Hoy es incongruente que hayan fallado en el sentido que lo hicieron”, dijo.

Explicó que el judicial “es un poder único y autónomo hasta este momento. En esa medida debieron actuar de manera congruente, respetar esas suspensiones, pues las otorgaron juzgadores federales. Es una incongruencia que hayan votado de esa manera”, insistió.

Expuso que en el Consejo de la Judicatura hay tres consejeros afines a la Cuarta Transformación, “pero nunca nos esperamos que un consejero de carrera judicial actuara de la manera en como lo hizo”.

“Sabemos también perfectamente que la votación en el Consejo está dividida y que hoy hay un consejero de carrera judicial que se quitó la máscara y que no nos está apoyando; y que hoy ya sabemos quién es, ya sabemos de qué lado está y de qué lado de la historia va a aparecer”, dijo, al hacer referencia a Sergio Javier Molina Martínez.

“Por una persona se va para abajo todo el respeto que debe haber por uno de los poderes de la unión que hoy transgrede por el Ejecutivo y Legislativo”, señaló Patricia Aguayo.

Dijo que el mensaje que da el Consejo de la Judicatura, tras su decisión “es que, si nosotros no respetamos las decisiones de los jueces y magistrados en las suspensiones, ya nadie las va a respetar. Ya lo dijo la Presidenta (Claudia) Sheinbaum, que aunque no es abogada, lo dijo: que los amparos no van a operar y no van a prosperar en contra de la reforma”.

Los trabajadores del Poder Judicial, comentó Aguayo Bernal, reconocen que las decisiones están “mandando mensajes fuertes y claros por parte de legisladores también en el sentido de que no se acaten esas suspensiones, y no lo esperábamos de parte del Consejo. Esperemos que no ocurra con el resto de las suspensiones, porque hay más. Porque estarían mandando otro mensaje adverso, inclusive para el resto de las autoridades”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó acudir a reunión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aceptó entregar las listas de cargos que el Senado necesita para emitir la convocatoria que da pie a la elección de jueces, ministros y magistrados el próximo año.

“No me voy a reunir con la Corte. La titular de la Secretaría de Gobernación tiene la atribución para reunirse con cualquier poder, para resolver asuntos de la gobernabilidad del país”, comentó.

La Jefa del Ejecutivo también criticó a los ministros de la Corte, por aceptar a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos opositores, cuando uno de sus reclamos e inquietudes era que con esta reforma se partidizará la composición del Poder Judicial.

“Los partidos políticos no tienen atribución, más que en algunos casos electorales, de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó; debería de haberlos rechazado… cuando se presenta la reforma, critican al Presidente López Obrador dice: ‘No, no tienen nada qué ver los partidos, ésta es una decisión del pueblo’. Va a haber listas, convocatoria. Y los partidos políticos tienen prohibido participar, es una elección directa de la gente”, dijo

Así, exhortó a los miembros de la Corte a “aceptar” que la enmienda constitucional ya se hizo y que el próximo año ocurrirá una jornada electoral para renovar al Poder Judicial. “Entonces, el llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón: porque es una decisión del pueblo de México”, mencionó.

Desde el equipo jurídico de la Presidencia de la República se aseguró esta mañana que la contradicción que quedó en la reforma al Poder Judicial, en cuanto a la ruta para la renovación de su titular, no requiere ningún ajuste.

La consejera jurídica, Ernestina Godoy, respondió a los cuestionamientos que ayer se lanzaron a esta situación y a los cuales se refirió como desinformación.

Ratificó que el párrafo correcto es el correspondiente al artículo 94, en el que se indica que la renovación de la Presidencia de la SCJN será cada dos años y no cuatro, como se planteó en el artículo 97.

Dijo que esta confusión se solucionará con el décimo artículo transitorio para que se deroguen todas las disposiciones que se opongan al decreto.

En tanto, el coordinador de Política y Gobierno y exministro, Arturo Zaldívar, aseguró que situaciones como ésta son comunes en muchas partes del mundo y no será necesario realizar algún ajuste.

“Se deroga la anterior, el artículo que muestra en la Constitución ya fue derogada por lo que no es necesario hacer ningún ajuste”, dijo.

La Presidenta negó que el hecho de que se haya aprobado esta reforma con este error represente un descuido o desacato por parte de los legisladores de Morena, a quienes pidió, antes de tomar posesión del cargo, que cuidaran el proceso.

Al que también sugirió acudir a diálogo con Segob si es que así lo quiere fue al Inai, con motivo de la extinción que se le propone como órgano autónomo.

Un acalorado enfrentamiento público entre la ministra presidenta, Norma Piña, y la ministra Lenia Batres se dio este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que ésta calificó de “absurdas” interpretaciones de sus compañeros, en un intercambio en el que salieran a relucir efectos de la reforma al Poder Judicial.

La escaramuza comenzó en medio de la discusión de una controversia constitucional relacionada con las leyes de ingresos en municipios de Coahuila, ajena a la enmienda. Al momento de la votación, hizo falta un sufragio para alcanzar la mayoría calificada de ocho.

Entonces, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso invalidar dicha controversia con seis votos, como lo indica la recién aprobada reforma judicial. Ante la propuesta, varios ministros dijeron que seis va a ser mayoría calificada, pero cuando haya elecciones y sean sólo nueve ministros en el pleno (como indica la reforma judicial), y dijeron que hay que seguir funcionando como ha ocurrido hasta ahora, con mayoría calificada de ocho.

Al tomar la palabra, la ministra Lenia Batres, a quien se identifica como próxima a la Cuarta Transformación, dijo que era “absurdo” invalidar con seis votos, cuando han estado funcionando con 11 ministros y mayoría calificada de ocho.

Tras sus señalamientos, el ministro Luis María Aguilar se quejó del uso de la palabra “absurdo” y pidió no usar descalificaciones.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, secundó a su compañero y recomendó a la ministra Batres Guadarrama abstenerse de usar este tipo de palabras.

“La ministra Lenia dijo que era ‘absurdo’, y yo sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado por que siguieran existiendo las salas ahora sostendrían que fueran seis votos”, dijo la presidenta.

Lenia Batres no se quedó callada y respondió Piña: “No sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir a no utilizar la palabra ‘absurdo’. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros”.

Insistió en que hay “un límite obvio, y es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, o que usted nos contenga, respecto a las palabras que utilicemos respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero; que en una parte sí adoptemos un método interpretativo, porque me parece que es importante”, respondió la llamada ministra del pueblo.

En respuesta, Norma Piña Hernández reviró que, como presidenta del alto tribunal, ella tiene que velar por la conducción de los debates, así como asegurar que no se expresen comentarios ofensivos.

“La facultad que tengo para hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en el pleno. Como rectora de la discusión, y si así lo considero por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos o sin expresar calificativos”, declaró.

Sin embargo, la ministra presidenta aclaró: “si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema. O sea, usted puede seguirse expresando como quiera”.

“En realidad, lo que deberíamos nosotros cuidar es no ofender la constitucionalidad de nuestros actos, no ofender la legalidad, no ofender a nuestra sociedad y aquí se ofende muy constantemente”, asentó Batres.

Al final, los ministros de la Corte no definieron si la mayoría calificada sería de ocho integrantes del pleno, como hasta ahora, o con seis, como lo establece la reforma judicial.