AMLO es el presidente con menos reformas avaladas y más pendientes

A pesar de ser el Presidente con menos reformas enviadas al Congreso de la Unión, estadísticamente Andrés Manuel López Obrador es, hasta ahora, el mandatario con menos iniciativas avaladas y con más pendientes.

Hasta diciembre pasado, el titular del Ejecutivo federal había presentado 80 iniciativas, cantidad menor hasta en 49 por ciento a las presentadas por sus antecesores durante el mismo periodo; es decir, hasta los primeros cinco años de su administración.

De éstas, sólo 58 —72.5 por ciento del total— han sido aprobadas y lograron su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El porcentaje es más bajo en comparación con las que otros expresidentes ya tenían aprobadas al quinto año de sus gobiernos: el panista Vicente Fox Quesada ya contaba con 118 (74.6 por ciento) avaladas al 2005; Felipe Calderón Hinojosa, 96 (81.3 por ciento) aprobadas, y Enrique Peña Nieto, 99, que representaban el 81.8 por ciento.

Otras 10 de las propuestas enviadas por López Obrador están pendientes en comisiones, nueve más ya tienen un dictamen que no ha prosperado aún; otras dos han sido desechadas y una más quedó atorada por superar el número permitido de veces en que ambas cámaras del Congreso de la Unión pueden modificar el proyecto.

En otras palabras, 19 de sus iniciativas se encuentran en el tintero, lo cual es superior a los tres expresidentes anteriores, pues Fox tenía 14 varadas al quinto año; Calderón, seis, y Peña Nieto, 17.

No obstante lo anterior, también resalta entre las estadísticas del Sistema de Información Legislativa que López Obrador es el Presidente con menos reformas rechazadas por el Congreso de la Unión, pues hasta ahora únicamente dos no avanzaron y se trata de proyectos torales para su administración: las reformas constitucionales en materia eléctrica y la electoral.

Al mismo periodo, los sexenios panistas ya tenían 26 y 16, respectivamente, no respaldadas por el Poder Legislativo, mientras que el priista tenía cuatro.

De las reformas obradoristas que siguen atoradas, que ya tienen un dictamen y que podrían avanzar en el último periodo de la LXV Legislatura, se encuentran al menos cuatro que fueron avaladas en los últimos meses.

Se trata de las reformas al Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, para regular y sancionar el uso de drones con fines delictivos, además de las modificaciones a la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.

También, las reformas a la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para duplicar el cómputo del tiempo en el que elementos federales prestan servicios en la seguridad pública, así como a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para dar de baja a militares en formación con mala conducta.

Éstas últimas dos ya fueron turnadas de la Cámara de Diputados al Senado de la República para que puedan aprobarlas y, de ser el caso, se envíen al Presidente para su publicación en el DOF.

De las propuestas de ley que siguen varadas se encuentra una enviada el 18 de abril de este año, la cual reforma 16 leyes secundarias para la compactación de la Administración Pública Federal (APF) mediante la fusión o extinción de 18 órganos, fideicomisos y más, bajo el argumento de “eficientar los recursos públicos”.

El tema no fue bien visto por sectores que advirtieron impactos contra los derechos laborales y también el cumplimiento de diversos objetivos. Uno de los grupos inconformes fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que semanas después intentó dar un portazo en Palacio Nacional en contra de que la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, que forma parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pase al control administrativo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), como lo planteó el Presidente.

La protesta generó que Morena en la Cámara de Diputados, en voz de su coordinador Ignacio Mier, se comprometiera a modificar el proyecto del mandatario; sin embargo, el proyecto no ha avanzado en su discusión.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, aseveró que llegó el momento de abrir un debate nacional sobre qué tanto funcionan los órganos autónomos al país, lo que incluye sus beneficios y costos.

Al abordar la agenda pendiente que hay en la Cámara alta para el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero, reconoció que tienen un conjunto de nombramientos que arrastran desde el año pasado.

Sin embargo, estimó que, además, como parte de las tareas legislativas que deben desarrollar deben impulsar el debate en torno a los órganos autónomos, que incluye instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“Es momento de abrir una gran discusión nacional sobre los órganos autónomos, analizar qué tanto le han servido a la sociedad, cuánto le cuestan al erario público y cuál es el beneficio para la generalidad del pueblo”, manifestó.

La senadora de Morena por Tlaxcala admitió que tienen un cúmulo de nombramientos por hacer, por lo que las grandes discusiones para el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero, tendrán que ver sobre ellos.

Particularmente manifestó que se buscará trabajar en el diálogo para analizar los nombramientos de magistrados electorales correspondientes a salas locales, regionales y especiales electorales, incluyendo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque tienen que salir antes de que llegue el proceso electoral.

“Todavía nos faltan muchos pendientes, pero creo que estos seis años han sido muy importantes para la construcción de esta primera etapa de un proyecto que todavía tiene mucho por hacer”, puntualizó.

La senadora recordó que en el pasado periodo ordinario de sesiones fueron aprobadas más de 50 reformas a la Constitución Política, las cuales fueron trascendentes, ya que se garantizó por parte del Estado, la ayuda a los más vulnerables.