Advierten un alto costo por Reforma Electoral

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República identificó que la propuesta de la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de elegir a través del voto popular a consejeros y magistrados electorales, costaría más de ocho mil millones de pesos, lo que contrasta con el principio de austeridad gubernamental.

El documento, titulado “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, señala que, si bien la iniciativa presidencial plantea dar una mayor legitimidad a las autoridades electorales, representa un alto costo.

La Reforma Electoral que impulsa el titular del Ejecutivo federal en el Congreso plantea que la elección de consejeros y magistrados sea por primera vez el 23 de febrero del 2023 y a partir de ahí el primer domingo de agosto cada seis años, lo que, indica el documento, implica un proceso electoral federal adicional al que se le deben destinar recursos económicos, prerrogativas y tiempos en radio y televisión, monitoreo de medios, y labores de fiscalización, entre otras actividades.

“Si tomamos como parámetro el costo de los procesos electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados tendría un costo superior a ocho mil millones de pesos que supondrían una carga adicional para el sistema electoral mexicano”, establece.

El análisis del Instituto Belisario Domínguez advierte, además, que en el escenario partidista que se ha configurado en el país, con el predominio de una fuerza política, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos sean afines al partido en el gobierno es muy alta.

“En un contexto de clara hegemonía partidista como el que se ha configurado luego de la tercera alternancia del año 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo federal”.

Por ello, señala que transformar tan radicalmente uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano podría poner en riesgo la estabilidad política y social del país, en la medida en que se haría parte de la lucha por el poder a las autoridades encargadas de aplicar las normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas.

“Otro de los riesgos de convertir a los árbitros en jugadores es que la observación, aplicación y sanción de las normas electorales dejaría de ser un asunto técnico y legal para transformarse en una cuestión de popularidad sujeta a los humores y vaivenes de la competencia política”, alerta.

El estudio subraya que la elección popular de las consejerías y magistraturas electorales entraña riesgos importantes, como el desempeño parcial y sesgado de las autoridades electorales, la preservación de cuotas partidistas y, especialmente, la subordinación de las autoridades al gobierno en turno.

“De avanzar esta propuesta, además, se abriría un camino incierto para otras instituciones del Estado, pues el mismo argumento democrático se podría proponer en el futuro en órganos técnicos como el Banco de México, el Inegi o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, poniendo en riesgo la estabilidad económica y política del país”, señaló el documento.