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43 senadores de la oposición anticipan voto contra reforma

Acusa Alito ofertas de “cañonazos” millonarios; además, “presiones brutales” y amenazas para apoyar a Morena o para que se ausenten; Daniel Barreda, de MC, señala persecución; PAN y PRI van por acuartelar a titulares y suplentes y tener licencias firmadas para evitar eventualidades; trabajadores del Poder Judicial cercan la Cámara alta; exigen ser escuchados; deciden dejar entrar a legisladores para que se garantice votación transparente; jueces y magistrados piden intervención urgente de ONU DH y de CIDH; consideran que aún no es tarde para frenarla; Amnistía solicita reunión con Sheinbaum
  • Por Redacción

Luego de mostrar que ya tiene los votos suficientes para detener la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la oposición denunció presiones y hasta intentos de “cañonazos” millonarios a sus legisladores por parte del oficialismo, para lograr que respalden la enmienda constitucional.

Senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron estar sometidos a “presiones brutales”, con amenazas, intimidaciones y “cañonazos” de “decenas de millones de pesos” del oficialismo, para alinearse a la reforma al Poder Judicial.

Alejandro Moreno, del PRI, aseguró que las presiones al grupo parlamentario de su partido han sido “brutales por parte del oficialismo, jamás vistas en el Congreso y en nuestro país. Ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación”.

El senador priista refirió también que se ha hecho un uso “faccioso de las fiscalías en contra de las y los legisladores y de sus familias, y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Apuntó que “esto es inaceptable; las y los priistas estamos firmes, con carácter y firme convicción en la defensa de la democracia y las instituciones de nuestro país. Vamos a resistir todas y cada una de las presiones, por más abusivas que sean, y vamos a asumir el costo que sea”, dijo.

Hizo un llamado al resto de la oposición a que se mantenga firme “y que los cañonazos desde el oficialismo no les hagan mella”; además, agregó que “a nosotros nadie nos dobla y nadie nos echa para atrás”.

Al referirse al tema, Ricardo Anaya, legislador del PAN, reconoció que “ha habido presiones fuertes con algunos integrantes del grupo parlamentario del PAN, pero afortunadamente se mantiene firme y unido”.

“Lo que les puedo decir es que el régimen sabe apretar, aprieta muy duro, y los que han recibido las presiones nos lo han compartido, a mí me lo han compartido en la confianza y los noto firmes, los noto valientes, listos para dar esta batalla por el país”, aseguró, y dijo que si no se aprueba esta reforma “es lo mejor que le podría pasar a México, pero inclusive al próximo gobierno”.

Marko Cortés, senador y presidente nacional del PAN, coincidió en que a varios “les han ofertado, les han dicho, pero se han mantenido firmes, unidos y firmes para defender a México”.

En las supuestas presiones a los legisladores de la oposición, Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano (MC), quien hasta el miércoles era el único senador de oposición que no había definido con claridad el sentido de su voto, señaló, de igual manera, estar siendo víctima de esta situación: “Yo vengo de Campeche y en Campeche, desde hace dos años y medio, hemos estado envueltos en una persecución política por el gobierno del estado”.

A su llegada a la antigua casona de Xicoténcatl para sesionar, el legislador de la bancada naranja aseguró: “Yo jamás me voy a dejar intimidar ni presionar por ningún grupo de poder, del color que sea”.

Asimismo, especificó que al diputado José Luis Flores, desde el pasado miércoles, “lo están amenazando con camionetas de las fiscalías en Campeche”.

Después de remarcar que su voto será “totalmente” en contra de la reforma al Poder Judicial, subrayó: “Necesitamos una reforma, pero hay que leerla, hay que estudiarla, no nada más es votar en contra porque lo ponen unos, o votar a favor porque lo ponen otros”.

Clemente Castañeda, líder de la bancada naranja, ratificó también que se ha presentado una campaña de presión y “diría, hasta de desprestigio, en contra de algunas compañeras y compañeros de nosotros”, entre los que destaca el propio Daniel Barreda, y responsabilizó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, “de cualquier intento de amenaza, persecución y presión política”.

Después de que el senador Barreda aclaró el sentido de su voto, la organización Unid@s y la Marea Rosa, que habían emplazado a los 43 senadores opositores a comprometer su voto en contra de la reforma judicial que se discutirá el próximo miércoles, anunció que los “43 legisladores ya confirmaron de manera pública su asistencia y rechazo a esta reforma”. Tras enlistar sus nombres y fotografías en un comunicado, señalaron que “a las y los senadores que han tomado una postura comprometida con México les reconocemos y agradecemos. Estaremos atentos a que ese día mantengan firme su compromiso con las y los mexicanos”.

ACUARTELADOS. Después de las denuncias de presiones, las bancadas de PAN y PRI anticiparon sus estrategias y tomaron la decisión de mantenerse “acuartelados” no sólo los senadores titulares, sino también los suplentes, de cara a la discusión de la reforma judicial.

Guadalupe Murguía, coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN, expuso que para el lunes se convocará a las y los senadores, así como a los suplentes, para estar reunidos “ante cualquier eventualidad; cualquiera que ésta sea, va a estar el titular y va a estar el suplente; queremos dar esta doble garantía a la ciudadanía”.

Aseguró que el PAN estará “en la sesión en donde se analice, discuta y vote la reforma del Poder Judicial, ya sea el titular, como corresponde, o ante cualquier circunstancia imprevista, el suplente”.

Dijo que su bancada está preparada para, “en un momento dado, hacer valer que la mayoría calificada son 86 votos. Y estaremos defendiendo esta postura, con los precedentes que la propia Corte ha emitido al respecto y que nos apoyan”.

El senador Marko Cortés insistió en que, por “convicción”, “equilibrios” y “contrapesos”, estarán presentes en la discusión de la reforma judicial en la Cámara alta.

Insistió en que, para que nadie “se raje, porque un solo traidor puede cambiar tristemente el modelo de República en nuestro país”, se citará a las y los senadores propietarios y suplentes.

En consonancia, Alejandro Moreno, luego de la sesión ordinaria de ayer en el Senado, advirtió que, si un miembro de su bancada llegara a faltar, sería expulsado del PRI. Hizo énfasis en que también llamará a las y los senadores y a los suplentes para que, en caso de cualquier eventualidad, tome posesión del escaño y vote en contra de la reforma.

“Convocamos desde un inicio a una reunión donde estarán presentes todos los legisladores, los propietarios y los suplentes, y estaremos listos”, remarcó.

Aseguró que el senador Miguel Ángel Riquelme, exgobernador de Coahuila, le confirmó que estará el próximo lunes en la Ciudad de México y votará en contra de la reforma judicial, pese a su convalecencia tras ser sometido a una cirugía; además, aclaró que en caso de “no estar o no tener posibilidad de estar, que solicite licencia para que estemos completos los 15 senadores y votemos en bloque”.

En un frente de acción a ras de tierra en contra de la reforma al Poder Judicial (PJ), miles de trabajadores del sector provenientes de al menos 15 estados, estudiantes de diversas universidades y organizaciones civiles, madrugaron a los legisladores al imponer un cerco masivo en los alrededores del Senado de la República, con un bloqueo a los accesos que, luego de ocho horas, fueron abiertos para que los senadores pudieran ingresar para sesionar, aunque la sede no fue utilizada.

Desde las 04:00 horas, los manifestantes mostraron la fuerza de sus acciones, al hacerse presentes afuera del recinto senatorial y bloquear los accesos con cadenas humanas por las diferentes calles; ellos pedían que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) los recibiera y escuchara su postura en contra de la reforma.

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, dijo que llegaron hasta ese punto personas de Querétaro, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí, Yucatán, Veracruz, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Guerrero, quienes eran vigilados a distancia por un fuerte cinturón de seguridad conformado por cientos de policías de la Ciudad de México.

Los estudiantes y trabajadores del PJ colocaron de manera simbólica una cadena en la entrada principal de la Cámara alta y dejaron claro que no se moverían hasta ser escuchados. Sobre la calle Madrid, instalaron casas de campaña, al igual que sobre el Paseo de la Reforma.

Hicieron un llamado directo a Adán Augusto López, presidente de la Jucopo y líder de la bancada de Morena, para entablar un diálogo respetuoso, pero el senador no se expresó sobre este bloqueo. Posteriormente, la Mesa Directiva, que preside Gerardo Fernández Noroña, citó a los senadores para sesionar en la antigua casona de Xicoténcatl.

Los manifestantes también colocaron semáforos informativos sobre Reforma e Insurgentes, tratando de hacer llegar a los automovilistas su posicionamiento y crear una “alerta” a la población sobre lo que consideran “una amenaza para la democracia”.

Bajo las consignas “sin Poder Judicial, ¿quién te va a amparar?” y “¡México, despierta!, dictadura a la vista”, los manifestantes extendieron la bandera sobre la avenida Reforma y comenzaron a cantar: “el que no salte es Batres” y “el que no salte es Zaldívar”, además de que se dirigían también a los granaderos: “Granadero, consciente, el Poder Judicial te ampara”.

En entrevista con La Razón, uno de los estudiantes que se manifestaba aseguró que, aunque la dictaminación de la minuta de la reforma al Poder Judicial se dé el domingo, ellos permanecerán afuera del recinto senatorial protestando.

Afuera de la sede senatorial, el magistrado Francisco González advirtió que las protestas se endurecerán si no hay un parlamento abierto genuino en el que se escuche al Poder Judicial, a los sabedores del derecho y los actores involucrados.

La vocera de los trabajadores adelantó que estaban a la espera de que el líder de la bancada guinda, Adán Augusto López, aceptara la propuesta de recibir a una comisión de 10 personas para que le externen sus preocupaciones sobre la reforma.

Pidió a los senadores que no sesionen en una sede alterna: “Les garantizo que los dejarán entrar al recinto, porque lo que quieren es una votación transparente, pero siempre que antes haya diálogo”.

Los trabajadores adelantaron que estarán, por lo menos, hasta el miércoles de la semana entrante (cuando se vote el dictamen), en protesta en el recinto, y pidieron que se deje entrar a los legisladores, ya que cuentan con los 43 votos necesarios para que no pase la reforma judicial.

“Estamos en la recta final, son cinco días de lucha e intensidad; hoy vamos a ver las acciones a tomar; la intención es seguir haciendo ruido para blindar a los 43 que ya confirmaron”, dijo una de las voceras de Veracruz.

El Senado retornó a la sede histórica de Xicohténcatl, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y manifestaciones en contra de la reforma al Poder Judicial. En la sesión, se ratificó que la Cámara alta recibió la minuta respectiva.

Las y los senadores vivieron momentos de incertidumbre, pues no pudieron acceder al recinto de Paseo de la Reforma, debido a que los bloqueos impedían el acceso. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, confirmó que la sesión ordinaria programada para este jueves sería en el viejo recinto de la calle de Xicoténcatl, a las 13:00 horas, el cual ya era resguardado por más de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Ahí, el pleno concedió licencia por tiempo indefinido al morenista Marcelo Ebrard para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir de este jueves; también, lo mismo que a su compañero de bancada, Juan Carlos Loera, nombrado el martes pasado para presidir la nueva Comisión de Frontera Norte. Por lo tanto, el presidente de la Cámara alta convocó a los suplentes, para que rindieran la protesta de ley correspondiente.

Magistrados de Circuito y jueces de Distrito, sumando casi mil nombres pidieron ayer la intervención “urgente” del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues aseguran temen por las consecuencias de la reforma judicial.

Los juzgadores pidieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a la CIDH que soliciten a México que suspenda el trámite legislativo de la propuesta judicial o, en su caso, se suspenda su ejecución.

Señalaron en su misiva que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador es abierta y notoriamente violatoria de los derechos humanos reconocidos, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano.

“En México se están viendo gravemente dañados por la postura claramente antidemocrática de la fuerza política que se hizo del poder”, indican en el documento.

Los juzgadores dijeron que esta reforma es la ruptura del orden democrático que “se traduce en un golpe de Estado”.

Puntualizaron que esto va más allá de posturas ideológicas, y que lo que está en juego es la estabilidad democrática, jurídica, política y económica del país.

La organización Amnistía Internacional (AI) envió una carta abierta a la Presidenta electa, Claudia Sheimbaum Pardo, en la que se posiciona frente a la desaparición de los organismos autónomos, la reforma judicial y la prisión preventiva oficiosa (PPO).

En la misiva AI enfatiza en la elección de jueces y magistrados por elección popular, incluyendo la incorporación de la figura de “jueces sin rostro”, que posibilita que se lleven a cabo juicios de delincuencia organizada sin que se conozca la identidad de la persona juzgadora.

“Estas propuestas irían en contra de la independencia judicial, así como en contra del derecho al debido proceso y las garantías judiciales ya que impide ejercer la defensa ante un tribunal independiente e imparcial”, afirmo el organismo.

Por otro lado mencionó que la eliminación del Inai pondría en riesgo la protección de los derechos a la privacidad y al acceso de información pública.

Asimismo, señala que la ampliación de la PPO iría en contra de las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ordenado a México que elimine esta figura de sus leyes y Constitución por ser una figura violatoria de los derechos humanos.

“Amnistía Internacional manifiesta a la Presidenta electa su disposición de establecer un diálogo amplio y constructivo sobre la situación de derechos humanos en México, le solicita una reunión y expresa su disposición de contribuir con propuestas para la garantía y vigencia de los derechos humanos en el país.

“Me permito solicitarle una reunión en la que podamos presentarle nuestras más recientes investigaciones y recomendaciones, al tiempo que le expreso la disposición de nuestra organización a participar en todos los espacios de interlocución en que podamos contribuir con propuestas para la garantía y vigencia de los derechos humanos para todas las personas que vivimos en México”, dice la carta, suscrita por la titular del organismo.

La organización añadió que reconoce el papel crucial que ha jugado México en organismos multilaterales para la defensa y promoción de los derechos humanos, por lo que consideró fundamental que se consoliden los esfuerzos por fortalecer los mecanismos de escrutinio regional y universales.

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