'Se avanzó' en caso Ayotzinapa, pero 'no como quisiéramos', reconoce AMLO

En una carta enviada a los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que durante su sexenio "se avanzó" en las investigaciones del caso, aunque "no como quisiéramos".

Durante su conferencia matutina de este 25 de septiembre, el mandatario saliente aseguró que su administración "nunca" dejó de buscar a los jóvenes, e insistió en que el asunto no es un expediente cerrado y que continuarán en las indagatorias con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para encontrar la verdad de lo ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal denunció que hubo varios obstáculos para lograr esclarecer los hechos ocurridos en Iguala donde desaparecieron los 43 normalistas, presuntamente a manos del grupo criminal Guerreros Unidos.

"Desde el principio de estos lamentables hechos se cometieron, consciente o inconscientemente, una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes", de lo que responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Garantizó que Claudia Sheinbaum dará continuidad a la investigación de la desaparición de los estudiantes.

"Estoy muy contento, acabamos de tratar el tema de Ayotzinapa. Si no nos da tiempo a nosotros de avanzar, me voy con la tranquilidad de que la próxima Presidenta, el próximo gobierno va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y haciendo justicia, pero así en todo", aseguró.

López Obrador dio a conocer detalles del contenido de la carta a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, donde explicó que Gildardo López Astudillo, "El Gil", integrante del cártel Guerreros Unidos, aceptó colaborar como testigo protegido a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, posible integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Indicó que pese a que dicha colaboración permitió identificar los restos de dos de los desaparecidos, “no ha sido posible avanzar más porque el personaje, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos".

Ante la acusación de los padres y madres de familia de proteger al Ejército y no cumplir con su promesa de resolver la desaparición de los estudiantes, dio a conocer que se han procesado a 151 personas, incluyendo un elemento de la Marina y 16 militares, de los que dos son generales.

Añadió que están pendientes de ejecutar tres órdenes de aprehensión en contra de militares; se han explorado 158 sitios, además de que las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, han dialogado con personas que están en la cárcel y que pudieran tener alguna información sobre el paradero de los estudiantes.

Sostuvo que por "intereses políticos" ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los defensores de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército.

"Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada", apuntó.

Sin embargo, expuso que "por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos e, inclusive, con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa", el Poder Judicial liberó a 65 personas bajo el alegato de que habían sufrido tortura.

El Presidente criticó la intromisión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones defensoras de derechos humanos.

cehr