Van por penas de hasta 20 años de prisión por corrupción inmobiliaria

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, dio a conocer que en los próximos días enviará al Congreso una iniciativa de reformas al Código Penal para el Distrito Federal, “con el objetivo de poner un alto a la corrupción en materia de edificaciones, que daña al sano desarrollo urbano de la Ciudad de México”.

En conferencia de prensa, el mandatario expresó: “A los legisladores del Congreso capitalino les encargo esta iniciativa, para que se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones”.

Batres Guadarrama mencionó que del 2009 al 2021 se dio un crecimiento exponencial de los niveles no permitidos en la alcaldía Benito Juárez: “En este lapso, el Cártel Inmobiliario tuvo un crecimiento enorme y no bajó, hasta el combate que realiza el Gobierno de la Ciudad de México, a partir del 2021”.

Agregó que la corrupción inmobiliaria es un problema de carácter moral, ya que se traduce en enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores públicos y tiene impactos sociales en materia de vivienda.

Momentos antes, el mandatario difundió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, y anunció su incorporación al Gabinete de Seguridad.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, indicó que en breve será presentada oficialmente una iniciativa para modificar el articulo 276 Quarter del Código Penal para el Distrito Federal y agregarle un capítulo.

Explicó que se busca incluir un artículo específico sobre corrupción inmobiliaria, que dirá: “El servidor público que permita por acción o por omisión, o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, recibirá una sanción de 10 a 20 años de prisión”.

Las penas aumentarán en una mitad “cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero”.

Ruiz Suárez especificó que son tres los objetivos de esta iniciativa; el primero es disuadir el surgimiento de las organizaciones similares al Cártel Inmobiliario dentro de la administración pública en la capital y sus alcaldías para evitar que ocurran hechos similares a los ocasionados por dicho grupo en contra de la población.

El segundo, dijo, es contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

Y el tercero es contribuir desde el ámbito de lo penal a la transformación de la política inmobiliaria en la Ciudad de México, para sustituir el paradigma de la vivienda como objeto de especulación financiera, por el derecho de las personas a contar con un lugar en dónde vivir seguras y dignamente.

Hasta el momento hay cinco exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez detenidos por su presunto involucramiento en actos de corrupción, entre ellos el exdirector general jurídico y de Gobierno, Luis Vizcaíno, quien recientemente fue sentenciado a cuatro años de prisión domiciliaria por el delito de enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, diputadas del PAN y del PRD dieron un voto de confianza a Ulises Lara, quien a partir de este miércoles funge como encargado del despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

La legisladora del PAN Wendy González dijo a La Razón que el funcionario cuenta con un voto de confianza para que le dé un giro al funcionamiento de la Fiscalía y actúe con responsabilidad mientras permanece en el cargo.

Comentó que al tomar las riendas de la institución, Ulises Lara debe ser objetivo y poner siempre por delante al Estado de derecho.

Y expresó: “Esperamos que se respete el debido proceso y no se siga con la línea de lo que nosotros asumimos como una persecución política; antes no había una aplicación de la ley, sino una subordinación al Ejecutivo”.

Insistió: “Espero que el nuevo fiscal tenga un actuar apegado a la ley y no con objetivos políticos, sino que haga lo que corresponde a su cargo”.

Por su parte, a la diputada del PRD Polimnia Romana Sierra le pareció adecuado que se designara de inmediato a Ulises Lara como encargado del despacho, para tener claro quién es ahora el responsable de la institución.

Dijo confiar en que Ulises Lara desempeñará su labor de manera adecuada mientras esté en el cargo, pero advirtió: “Esté o no Ernestina, tenemos que seguir evaluando a la Fiscalía capitalina, porque es nuestro trabajo como Congreso, pero me parece bien que ya se haya nombrado al interino”.

Polimnia Romana mencionó que más allá de las cuestiones políticas, “no podía quedarse en el aire ese nombramiento, las reglas son claras y ahora el Consejo Judicial Ciudadano debe empezar a armar la terna para nombrar al nuevo titular, pero creo que esto va a salir hasta la siguiente legislatura”.